La partida presupuestaria de la Corporación de Servicios Legales de Puerto Rico (SLPR) que se discuten en la Legislatura puede sufrir recortes adicionales a pedido de la Junta de Control Fiscal (JCF). A esto se suma que el presupuesto enviado al Congreso por el presidente Donald Trump prácticamente elimina los fondos a esa entidad.

Estas medidas de austeridad pueden suponer la eliminación de servicios directos a la clase pobre del país que de otra forma no tiene acceso a la justicia, advirtió hoy, jueves, la presidenta de la Unión de Abogados y Abogadas de Servicios Legales (UASL), licenciada Nydia González, en comunicado de prensa.

La información en poder de la gerencia de la SLPR es que la JCF envió a la Legislatura una misiva que establece recortes en el presupuesto de la corporación.

‘En Puerto Rico, Servicios Legales lleva sobre cinco años sufriendo bajas de recursos humanos a causa de los recortes presupuestarios. Estamos hablando que de 102 abogados y abogadas que había en el 2013, hoy hay 80 para atender una clientela con mayores necesidades cada día. Más recortes supondrá menos abogados para más casos’, dijo la licenciada González.

El pasado año SLPR atendió a sobre 15 mil personas, sin embargo, tuvo que rechazar casos por falta de recursos ante el recorte en su presupuesto federal. De un total de $16 millones para el presente año fiscal, la Legislatura aportó $5 millones y otorgó una aportación de $76 mil por concepto de aranceles del fondo del Departamento de Justicia.

Entre los casos más sonados dirigidos por abogados de la SLPR, figura el pleito de clase de educación especial, conocido como Rosa Lydia Vélez vs Awilda Aponte Roque; y el de comunidades como Vietnam en Guaynabo, cuando el ex alcalde Héctor Oneill, retó la constitucionalidad de la ley de Comunidades Especiales, pretendiendo expropiar a los residentes del lugar. Ambos pleitos fueron llevados por letrados de la SLPR hasta el Tribunal Supremo, obteniendo victorias a favor de sus representados.