Ponce – Tras 17 años de litigio, la población con discapacidad intelectual podría ampliar los servicios que recibe a traves del Departamento de Salud si prospera el reclamo expuesto durante las vistas públicas de seguimiento al caso 99-cv-01435, celebradas en la corte federal de Ponce.

La demanda incoada contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico en 1999 por padres y madres de 299 participantes en hogares permanentes por la violación de derechos civiles reanudó para escuchar la exposición de varios representantes de organizaciones sin fines de lucro que sirven a esa población.

A la vista fue citada la secretaria de Salud, Ana RíusArmendáriz, quien horas antes se excusó ante el magistrado federal Gustavo A. Gelpí, recurso que fue denegado.

La solicitud presentada el miércolesexpuso a la titular del Departamento de Salud ante la posibilidad de desacato, cuando un portavoz de la agencia aseguró al juez federal que Ríus Armendáriz se encontraba en reunión con el Cirujano General de Estados Unidos para atender la situación del zika en el país. Pero el juez no la excusó por lo que la secretaria arribó al tribunal cerca de las 11:30 de la mañana.

‘Es una vista de progreso porque además de esos 300 han entrado una serie de participantes nuevos y se está hablando de una población más grande en la isla que necesita servicios parecidos a los que ofrecemos. Ver de qué manera el gobierno puede ampliar esos servicios de manera efectiva y coordinada’, expresó Luis Montes, director de la División de Servicios a Personas con Discapacidad Intelectual del Departamento de Salud.

‘Estamos hablando de más de 600 participantes’, agregó en entrevista con NotiCel.

Durante la audiencia presidida por Gelpí y el magistrado Marcos E. López salieron a relucir las necesidades que enfrenta la población con síndrome Down y otras discapacidades, cuyos representantes solicitaron su integración a la corriente regular del Sistema de Educación del país.

De acuerdo al licenciado José Marxuach, presidente de la Fundación Síndrome Down de Puerto Rico, ‘no creo en segregarlos porque no son enfermos, no son pacientes. Son personas con trastornos genéticos que tienen el potencial para integrarse a la sociedad’.

En otra ponencia, Kristen Friscia Benítez de la Fundación Lily’s

Angels, sostuvo que la intervención temprana a través de terapias del habla, ocupacional y vocacional antes de los tres años de edad, redundaría en beneficio para los niños con síndrome Down y a su vez, una medida costo efectiva para el gobierno.

Otro aspecto detallado en la audiencia pública fue la integración de los participantes en el litigio en el mundo laboral, del que

aseguraron solo el 2% había logrado devengar algún suelto por su trabajo.

‘Hay varias interrogantes para que nos conteste la Secretaria y uno importante es si el Departamento de Salud entiende que se debe incluir todos los participantes bajo la jurisdicción del tribunal federal. Se debe considerar y hasta yo lo favorezco’, expuso el juez Gelpí antes de recibir a la doctora RíusArmendáriz.

De hecho, en su alocución la titular de Salud se excusó por su

tardanza mientras notificó que la agencia logró pagar en su totalidad los servicios de los suplidores a la población integrada al litigio.

Las vistas públicas que según Gelpí serán las últimas bajo la actual administración gubernamental,continúan hoy, viernes, a las 9:00 de la mañana en Ponce.