«La judicatura está pagando una factura que no firmó. Es hora de decir, sin rodeos, quién la está cobrando y por qué eso debería alarmar a todo el país», expresa el juez carlos Salgado.

Hay una frase que circula cada vez que estalla un nuevo escándalo de corrupción gubernamental en Puerto Rico, y que merece ser confrontada directamente: “si todos son corruptos, ¿por qué confiar en el juez?” Es una frase cómoda, fácil de repetir, satisfactoria para el cinismo del momento. También es falsa, injusta, y profundamente peligrosa para la salud democrática del país. Hay que decirlo con esa claridad porque nadie más lo va a decir por la judicatura: ella no puede defenderse a sí misma.

El error de origen que nadie corrige. El error empieza en la premisa misma. Puerto Rico tiene tres ramas de gobierno separadas precisamente porque sus funciones, sus incentivos y sus mecanismos de rendición de cuentas son distintos. Cuando un funcionario electo o un alto cargo del Ejecutivo enfrenta alegaciones de corrupción, eso no contamina automáticamente a la judicatura — la contamina solo si se permite, deliberadamente o por pereza intelectual, que el ciudadano deje de distinguir entre las ramas. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo, sin que casi nadie lo señale con la fuerza que merece.

La separación de poderes no es un tecnicismo de manual de derecho constitucional. Es la garantía de que quien investiga, acusa y juzga la corrupción no forma parte del mismo aparato que la genera. Cuando un juez o jueza preside un caso de corrupción pública, no está protegiendo al sistema que falló — lo está procesando. Confundir a quien aplica la ley con quien la violó no es un matiz semántico: es una distorsión que beneficia, en última instancia, a quienes prefieren que el país pierda la fe en todas las instituciones por igual, porque en ese desorden es más fácil operar sin consecuencias.

El costo que la judicatura paga sin haber cometido falta alguna. Aquí está lo que no se dice con suficiente frecuencia: la judicatura de Puerto Rico no ha producido los escándalos de corrupción que han sacudido al país en los últimos años. No ha sido la judicatura la que ha aparecido en escuchas comprometedoras, ni la que ha enfrentado señalamientos federales por desvío de fondos, ni la que ha protagonizado los titulares que erosionan la confianza pública. Y sin embargo, paga la factura completa. Cada encuesta de confianza institucional que agrupa indiscriminadamente a “el gobierno” arrastra al tribunal al mismo sótano reputacional que al funcionario corrupto. Eso no es justicia. Es pereza analítica disfrazada de hartazgo ciudadano.

Y el costo no es solo simbólico. Una judicatura percibida como parte del problema —en lugar de como el mecanismo diseñado para resolverlo— es una judicatura más vulnerable a presiones presupuestarias, más expuesta a intentos de politizar nombramientos. El cinismo generalizado no es un estado de ánimo inocuo. Es terreno fértil para quienes se benefician de un poder judicial débil.

A quién le conviene el desorden. Hay que preguntarse, sin miedo, a quién le sirve que el país deje de diferenciar entre ramas de gobierno. No le sirve al ciudadano, que necesita saber a quién acudir cuando el Ejecutivo o la Legislatura le fallan. No le sirve a la prensa seria, que depende de instituciones creíbles para que sus investigaciones tengan consecuencias reales. Le sirve, en cambio, a quienes prefieren operar en un ambiente donde ninguna institución tiene autoridad moral para señalarlos — porque si todas están igual de sucias, ninguna puede juzgar a nadie. Esa es la lógica perversa detrás del cinismo que se ha normalizado, y la judicatura no puede seguir siendo su víctima silenciosa.

La Federación de la Magistratura de Puerto Rico no va a pedir disculpas por insistir en esto: la corrupción gubernamental se combate fortaleciendo a las instituciones que la procesan, no debilitándolas por asociación. Cada vez que se permite que la desconfianza hacia un funcionario corrupto se traduzca, sin distinción, en desconfianza hacia el tribunal que lo está juzgando, se le hace un favor exactamente a quien no lo merece.

La próxima vez que alguien repita “si todos son corruptos, para qué confiar en el juez”, vale la pena devolver la pregunta: ¿quién se beneficia de que usted piense así? Porque no es el juez. Y definitivamente no es el país.

* Esta columna es una expresión institucional de la Federación de la Magistratura de Puerto Rico (FMPR) y no representa la posición oficial del Poder Judicial ni del Tribunal General de Justicia. De conformidad con el Canon 24 del Código de Conducta Judicial de Puerto Rico, los jueces y juezas suscritos se abstienen de comentar sobre casos específicos pendientes ante los tribunales.