De enero a julio del 2016, el gobierno deberá pagar unos $3.8 mil millones en deuda de bonos, de acuerdo a un informe de deudas del Banco Gubernamental de Fomento (BGF).

Según el documento oficial de pagos de deudas, el Estado Libre Asociado, la Universidad de Puerto Rico, 13 corporaciones públicas y el propio BGF$402 millones en febrero, $29.3 millones en marzo, $40.9 millones en abril, $469.4 millones en mayo, $71.3 millones en junio y $1.9 mil millones en julio del 2016. En julio, específicamente, se vence un pago de $779 millones en obligaciones generales del ELA.

Para el mes de enero, el gobierno decidió hacer parte de los $902 millones que se deben, pero no pago unos $35.9 millones de la Autoridad para Financiamiento de Infraestructura (AFI) y unos $1.4 millones de la Corporacion para el Financiamiento Publico (CFP).

Otros pagos significativos del 2016 incluyen unos $318.3 millones que debe COFINA en febrero y unos $422 millones que debe el BGF en mayo. Sin embargo, la isla enfrenta en julio, mes en que comienza el año fiscal 2016-17, varios pagos cuantiosos. Además del pago de $779 millones en obligaciones generales que se debe en julio, la AEE enfrenta un pago de $423.8 millones; la AAA debe pagar $147.5 millones, la AEP unos $177.2 millones y la ACT unos $232.5 millones.

Las cosas se complican porque el Departamento de Hacienda revisó el estimado de ingresos del presupuesto del año fiscal 2015-16 para bajarlo por unos $508 millones. El Congreso tampoco aprobó un mecanismo para ayudar a la isla lidiar con la crisis fiscal al dejar en el tintero la medida que hubiese permitido a Puerto Rico acogerse al Capítulo 9 de la Ley de Quiebra federal.

Aunque el Speaker cameral federal, el republicano Paul Ryan, ordenó a varios comités a estructurar legislación para ayudar a Puerto Rico, y las vistas congresionales al respecto se reanudarán la semana que viene, esa legislación podría tardar hasta marzo de 2016. Otro evento con el que no se puede contar de inmediato es la decisión del Tribunal Supremo en el caso de la llamada Ley de Quiebra criolla porque esa decisión podría tardar hasta verano.

La presidenta del BGF, Melba Acosta, advirtió que el uso de más de $100 millones en fondos reservados para hacer los pagos del servicio de la deuda de algunos de los emisores del ELA debe subrayar que el Gobierno se está quedando sin opciones para pagar su deuda. ‘Otros sacrificios y medidas financieras extraordinarias llevadas a cabo por el Estado por sí solo, sin la participación de otros interesados, no serán suficientes para evitar un incumplimiento incluso en nuestra deuda pública, y mucho menos permitir que la economía crezca a tal punto que los acreedores del ELA tenga una realista de recibir su dinero’, sostuvo en declaraciones escritas. ‘Otros funcionarios del ELA y yo hemos hablado una y otra vez sobre la grave emergencia que enfrenta el ELA. Es lamentable que los líderes del Congreso hayan pospuesto la decisión de proporcionar a Puerto Rico la ayuda que necesita,’ dijo.

Este primer mes de 2016, oficiales del gobierno planifican reunirse con acreedores como parte del proceso de reestructuración de deuda.

Informe de pagos de deuda de bonos _16625