La prisa con que La Fortaleza presentó el proyecto de ley para reestructurar las corporaciones públicas, el último día de aprobación de medidas en la sesión legislativa, dista mucho del proceso planificado y concertado en que se trabajó internamente. La nueva Ley es sólo una pieza adicional dentro de un conjunto de medidas que se ha estado filtrando poco a poco a la ciudadanía.

Pese a la improvisación con que se proyectó la Administración García Padilla al adoptar una política que había rechazado públicamente, la medida forma parte de un plan articulado y está estrechamente vinculada a la Reforma del Sector Energético, que fue firmada en mayo de este año.

Tal como reseñó NotiCel esta semana, la reestructuración de las corporaciones viabiliza la venta de activos a otras entidades públicas e incluso privadas, con el fin de lograr liquidez para pagar a los acreedores. Pero esta Ley que facilita la privatización parcial, no opera sola; sino que guarda concordancia con la reforma energética, que creó un cuerpo fiscalizador para representar y defender los intereses de los consumidores.

La Reforma incluso otorgaba a la Comisión de Energía el poder de aprobar cualquier plan de consolidación o venta de las instalaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Y ahora bajo el Capítulo 3, se crean capas adicionales para que toda propuesta de venta pase primero por la autorización del Banco Gubernamental de Fomento (BGF). Dispone, además, que toda declaración de distribución de las ganancias debe ser consentida por el 75% de la mitad de los acreedores.

La propuesta original del Senado para permitir que productores de energía pudieran competir en la venta de electricidad a la AEE, causó choques iniciales con el Poder Ejecutivo. La Ley finalmente se aprobó sin tal disposición, pero preparó el terreno para cambios en la estructura de la corporación con la creación de una Comisión de Energía que se supone garantice la transparencia en el proceso de revisión tarifaria. Los consumidores también cuentan con la Oficina Independiente de Protección al Consumidor, la cual debe ejercer una función similar a la que hace el DACO, pero en el sector energético.

Esto es cónsono con el rechazo que ha hecho el Gobernador y su gabinete al alza en la factura de energía eléctrica, y sirve de expiación al Estado para que en caso de que ocurra una privatización parcial, los intereses de la ciudadanía sean resguardados. De esta forma, ambas leyes están totalmente vinculadas. El Secretario de Desarrollo Económico y Comercio, Alberto Bacó, ya lo había adelantado a los inversionistas españoles durante una convención que se celebró el 17 de junio: ‘Ya aprobamos la primera fase reglamentaria… Les garantizo que en los próximos días se tomarán las decisiones que se tienen que tomar’, comentó en cuanto a una segunda fase operacional y financiera de la reforma de la AEE.

La delicada situación fiscal de la corporación coloca al Gobierno delante de una encrucijada: cómo cumplir con las obligaciones de deuda sin afectar los servicios, ni subir la tarifa de electricidad? Para Sergio Marxuach, Director de Política Pública del Centro para una Nueva Economía (CNE), la única alternativa restante es la renegociación de los términos de la deuda, cuyo servicio se ha disparado desproporcionadamente, en comparación con la inversión en mejoras permanentes. ‘En palabras sencillas, no hay recursos para cumplir con todo lo que hemos prometido’, explicó. La deuda acumulada de las corporaciones representa $26,000 millones, poco menos de la mitad del total de la deuda pública.

La venta o arrendamiento conforman sólo una de muchas alternativas que tiene la Autoridad a su disposición para alcanzar la autosuficiencia. La gerencia debe presentar un ‘Programa de Recuperación’, que incluya metas de desempeño interino como lo pueden ser medidas para mejorar la operación, aumentar ingresos y reducir gastos. La diferencia es que mediante la Ley de Sostenibilidad Fiscal, aprobada apenas hace unos días, el Poder Ejecutivo tiene injerencia directa sobre una entidad que se supone funcione de manera independiente.

Esa política pública se mantiene en la nueva ley de reestructuración, al otorgarle al Gobernador la facultad de intervenir para iniciar un proceso de reorganización y/o pedir la radicación de una propuesta para la venta y alquiler de activos de la corporación, según la sección 310. El representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno, Juan Rosario, evaluó el jueves como un error que el Gobierno legisle para que haya mayor intromisión política dentro de la corporación. Pero según el Presidente del Senado, Eduardo Bhatia, la autoridad tiene también un problema de gerencia, por lo cual hay que intervenir.

Los cambios a la Autoridad ocurren simultáneamente con que la Legislatura ha reducido el Fondo de Energía Verde, que otorgaba incentivos para la instalación de sistemas de energía solar. ‘Tienen que asegurarles los clientes a los nuevos dueños’, reaccionó con suspicacia uno de nuestros lectores en Facebook. Sin embargo, la movida puede interpretarse como un acto de desesperación ante la necesidad de allegar recursos y retener el consumo. ‘Desde hace dos años ha bajado el consumo por larecesiónyemigración. Ya no tienen tanta facilidad de obtener recaudos’, recordó Marxuach.

Pese a la resistencia del Gobierno,el analista señaló que el déficit que rodea a la corporación es el resultado, en parte, de no haber aumentado su tarifa básica desde 1989. ‘Es muy difícil para una compañía sostenerse si no ha podido subir sus tarifas básicas desde hace 25 años’, analizó Marxuach. En medio de la actualrecesión económica, ese aumento tendría un resultado adverso. Pero ‘si hubieran aumentado anualmente, en vez de esconder los gastos…’ la situación quizás hubiera sido otra, planteó.

Aunque la tarifa básica no ha aumentado, lo que no ha dejado de aumentar, sin que nadie pueda explicarlo con claridad, es el renglón del ajuste por combustible donde, según estudios del CNE, la AEE esconde los costos de financiamiento, cuentas no pagadas, subsidios, y otros.