El secretario de Estado, Kenneth McClintock, no descartó que algún funcionario del gobierno local estuviese al tanto de la investigación que culminó con la radicación de cargos criminales contra una organización que se dedicaba a utilizar números de seguro social de puertorriqueños para defraudar al Servicio de Rentas Interna federal (IRS, en inglés).

‘Yo no tenía conocimiento como tal de esa investigación. Yo soy miembro del Comité de Seguridad Pública, pero no soy miembro de un ‘task force’ de ese tipo. Pero, no dudaría que componentes de nuestro gobierno que están en unos ‘task forces’ de robo de identidad lo supieran, porque tenemos muchos agentes del orden público trabajando en esos equipos’, dijo McClintock a NotiCel.

El funcionario no pudo precisar si la investigación podría afectar funcionarios del gobierno local, quienes son, en parte, custodios de los expedientes que tienen el seguro social de los puertorriqueños.

‘No tengo conocimiento de eso, pero tanto en agencias públicas como privadas, el número de seguro social está en cada sitio y hay que verificar qué niveles de seguridad hay en cada sitio de esos’, recordó.

Las autoridades federales en la isla refirieron las preguntas relacionadas al caso a la portavoz de la fiscalía en Washington, Laura Sweney, quien de inmediato no ofreció una reacción a la información divulgada hoy por el diario The Wall Street Journal (WSJ).

Las fuentes del diario indican que el IRS detectó que el fraude corre desde al menos 2007 y que el volumen de reintegros por planillas falsas radicadas con números de puertorriqueños es de $5,600 millones. Las fuentes aseguran que, de seguro, de esa cantidad se llegaron a emitir $2,000 millones en reintegros. El reintegro fraudulento promedio es de entre $5,000 y $7,000.

Según el diario, el esquema prosperó porque, como los puertorriqueños residentes en la isla no pagan impuestos federales, el IRS asumía que cuando un ‘puertorriqueño’ comenzaba a radicar planillas federales de la nada, era porque se acababa de mudar a Estados Unidos continentales.

El esquema se ha ido descubriendo y rompiendo con algunos casos criminales en los tribunales federales de Nueva York, donde han procesado carteros, y actualmente hay investigaciones relacionadas en Massachusetts, Pennsylvania, North Carolina, Connecticut, Florida, Rhode Island, New Jersey, y California. En un caso, aparecieron cheques de reintegros cambiados en Carolina del Norte que eran parte del esquema.

McClintock comparó el caso con lo que sucedía con los certificados de nacimiento, que fueron invalidados este cuatrienio debido a que eran utilizados para el robo de identidad.

‘En el aspecto del robo de pasaportes y certificados de nacimiento, yo estuve involucrado en declarar nulos los certificados de nacimientos para evitar eso mismo. Invalidamos los viejos, los sustituimos por los nuevos y aprobamos una nueva ley para que ninguna entidad pueda pedir los certificados originales para quedarse con ellos, eso ya no se puede hacer’, destacó.

Recordó que en el mercado ilegal se pagaban entre $5,000 y $10,000 por cada certificado de nacimiento original que se pudiese usar para el robo de identidad.

‘Este último año hemos emitido 4.5 millones de certificados de nacimientos cuando lo normal por año era 855,000. Hemos emitido cuatro veces lo que emitíamos antes. Todavía estamos en la etapa de reemplazarte tu certificado vencido pero ese número debe ir bajando en la medida en ya las personas no tienen que entregarlos para cada cosa y van a dejar de comprar los certificados para cada cosa’, puntualizó.