La Corporación de Acción Civil (CACE) anunció hoy que cesará operaciones a causa de la negativa del juez federal Paul Barbadoro de aprobar el presupuesto para el corriente año fiscal, decisión que dejará a más de 11,000 confinados desprovistos de representación legal gratuita en casos civiles. A la vez, el Tribunal Federal aprobó un adelanto de $4 millones para Correctional Health Services, la corporación privada que da servicios médicos a la población penal.

Según informó la portavoz de la CACE, los fondos que conforman su presupuesto anual de operaciones provienen de las multas pagadas por el Estado en el caso Morales Feliciano, a raíz del incumplimiento con las órdenes del Tribunal Federal dirigidas a mejorar las condiciones carcelarias de la población desprovista de libertad en instituciones de la Administración de Corrección (AC).

Dichos fondos son administrados por el Tribunal Federal.

El Juez Barbadoro justifica su determinación de denegar el presupuesto para CACE basado, entre otros argumentos, en que es improcedente conceder honorarios de abogado por adelantado en un caso.

Sin embargo, de acuerdo con la portavoz de CACE, no se puede perder de vista que ‘el funcionamiento de nuestras oficinas ofrece una estructura adecuada a las necesidades de nuestros clientes. Nuestros clientes viven bajo amplias restricciones. Queda del abogado hacer las gestiones para recopilar toda la información y documentación necesaria. Para contactar a sus clientes, los abogados tienen que acudir en persona a las instituciones correccionales repartidas por toda la isla, las llamadas de confinados son con cargos revertidos y están sujetas a un horario regulado’, explicó al justificar el pago de honorarios por adelantado.

En el caso de los servicios médicos, el presupuesto anual es de unos $16 millones, y los pagos serán poco a poco según se justifiquen. Las movidas son parte de la recta final a la que el Tribunal Federal ha sometido el caso Morales Feliciano, que lleva activo más de 30 años.