La Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarias (APPU) exigió hoy al presidente interino de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Miguel Muñoz Muñoz, que se reconozcan los ascensos a cerca de 300 miembros de la facultad que desde hace dos años les fueron congelados, por una supuestas ‘medidas cautelares’ parecidas a la controvertible Ley 7.

Planteando una posible percepción negativa hacia la calidad de profesores de la institución tanto a nivel local como en universidades fuera de Puerto Rico, la presidenta de APPU, Lida Orta Anés, reclamó prontitud en la gestión para otorgar dichos ascensos.

Lida Orta Anés (Josian Bruno/Para NotiCel)

Además, Orta Anés concordó que si no se materializan dichos ascensos de rango, muchos profesores podrían estar optando por irse de la institución, lo que redundaría en un efecto de probable descenso académico.

En ese sentido, el tesorero de la APPU, Javier Córdova, explicó a NotiCel que la falta de reconocimiento de los rangos – que van desde instructor, catedrático auxiliar, catedrático asociado y catedrático -, también tiene sus efectos a la hora de que los investigadores sometan propuestas para obtener fondos para sus investigaciones.

Muchas veces estás investigaciones requieren un nivel de rango de los profesores, para que puedan ser otorgadas.

De hecho, Orta Anés recordó la importancia de estos fondos, donde muchas veces aparte de financiar las investigaciones, se utilizan para solventar a los mismos recintos y la administración, y el investigador sólo se queda con el 50%.

Mientras esto ocurre, Orta Anés puso sobre la mesa que a los grupos sindicales, como la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes, se les han otorgado los ascensos.

De hecho, en la certificación Num. 14 la Junta de Síndicos, se pretende enmendar el presupuesto del año fiscal 2010-11 para que se sume una partida de $69 millones de los cuáles $3.4 millones serán para beneficiar a los grupos sindicales. El honrarle sus rangos a los profesores afectados tendría un costo de $10 millones, que incluye a los que se supone le correspondan sus ascensos durante este año.

De acuerdo a Orta Anés, la congelación de los ascensos para los profesores que debían ser efectivos el 1 de julio de 2009, se hizo mediante una certificación emitida por la administración pese a que los fondos habían sido añadidos en el presupuesto del año fiscal 2008-2009.

En términos económicos para los afectados, el no reconocerles los rangos que les corresponden significa la pérdida de unos $12,000 anuales. Además, se le añade ‘la congelación de los salarios, del exceso de días por enfermedad no utilizados, la reducción del pago de verano, un mayor costo del plan médico y reducción de fondos de viajes para investigación’.

Uno de los problemas mayores lo enfrentan los profesores que están próximos a retirarse, que al no ser efectivos sus ascensos, no podrán obtener su beneficios de jubilación de acuerdo a lo que realmente les correspondía por sus años de servicio y méritos.