El caso por las alarmas de maremoto también llegó a la costa de los tribunales locales. Y es que la empresa National Safety Equipment Supply (NSES) solicitó al Tribunal de Apelaciones la revisión de un ‘irregular’ proceso de subasta mediante el cual el Municipio de San Juan concedió el contrato para la compra e instalación de los equipos a la licitadora que ofreció el costo más alto.

De acuerdo con la demanda presentada en el Apelativo, la Junta de Subasta del Municipio de San Juan otorgó la subasta a Industrial Security Products (ISP) ‘en detrimento del interés público’.

La apertura de las propuestas ocurrió el 13 de diciembre de 2010, siendo el postor más bajo NSES con $310,574. PdC Telecom ofreció $569,729 y la ISP, $799,525.

La demandante aseguró que su oferta fue la única que estaba dentro del presupuesto federal asignado por Homeland Security para que se adquirieran e instalaran las alarmas de maremoto.

‘Es importante resaltar que las ofertas de ISP y PdC Telecom excedieron el presupuesto disponible de $550,000 para la compra de los sistemas, por lo que procedía que se descalificaran en forma automática luego de abrir los sobres de los licitadores por la Junta de Subastas, cosa que no ocurrió’, argumenta la demanda.

Esta es la segunda vez que NSES recurre a los tribunales, toda vez que ya había acudido para que se celebrara la subasta, ya que en un inicio el Municipio de San Juan concedió el contrato sin celebrar una subasta forma a la codemandada ISP.

‘En conclusión y resumiendo, es evidente la mala fe y la manipulación por parte de la Junta de Subastas del Municipio de San Juan, para que a toda costa, la buena pro de la subasta sea a favor de ISP. El hecho de que primero ISP fue seleccionada para la venta de los sistemas sin celebrar un evento medular como la subasta formal de por sí pone sobrealerta a cualquier persona prudente y razonable, sin ánimo prevenido’, sostuvo NSES en su recurso de revisión.

‘Si a lo anterior le añadimos que la Junta de Subasta alteró la oferta de ISP para que caiga dentro del presupuesto, y redujo la cantidad de sistemas ofrecidos por ellos en forma contraria a las conclusiones de su propio estudio de necesidad, de 25 a 16 sistemas, implica que sectores grandes de la población se quedarían sin la protección que ofrece los sistemas de alarma para prevenir los estragos de un maremoto’, agregó.