La organización comunitaria Casa Pueblo presentó documentos que evidencian al menos $22 millones en contratos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) relacionados con servicios técnicos, publicidad y consultoría ambiental. Estos, según denunció en conferencia de prensa su portavoz Arturo Massol, destinados a preparar el montaje de la orden ejecutiva que declaró una emergencia energética el pasado 19 de julio, y que recientemente su vigencia fue extendida.

Massol sostuvo que tres meses antes de declarar la emergencia enérgetica, la administración Fortuño ya había creado el antídoto a un costo de $9 millones al enconmendar el diseño del gasoducto a la empresa Ray Engineers en abril del 2010.

‘Parece inverosimil que se declare la emergencia energética después de que se tiene la solución ya definida con unos ganadores y unas compañías. Este gobierno no nos puede decir que meses antes de decretarse una emergencia encarga el diseño de un tubo de 92 millas como única solución de la emergencia futura’, abundó Massol.

Esta misma firma, además, tiene otro contrato que se formalizó el 24 de enero del 2011, ya vencida la ley de emergencia energética y el proyecto del gasoducto aún sin contar con los permisos para comenzar las obras, según documentos presentados por Massol en la conferencia de prensa.

Pedro Rey, presidente de Ray Engineers, fue miembro de la Junta de la Administración para el Financiamiento de la Infraestructura hasta el pasado octubre y también fue miembro de la Junta del Banco de Desarrollo Económico.

Otras empresas que aparentemente se están beneficiando de ‘Vía Verde’ son: la agencia de publicidad Ballori y Farré con contratos que ascienden hasta $4 millones; la compañía que viabliza expropiaciones, New Star Acquisitions Group, con contratos de hasta $500 mil; UNIPRO, que representa a la AEE durante la fase de construcción con contratos de hasta $6 millones, y una corporación registrada como una sin fines de lucro, Asesores Ambientales y Educativos, con contratos de hasta $2 millones directamente con el consultor ambiental Yousev García,.

Según se desprende de los documentos expuestos por Massol, la esposa de Edward Zayas, director de prensa de Fortaleza, fue contratada por Ballori Farré para que se encargara de la campaña publicitaria del gasoducto durante el mismo verano en que se decretó la emergencia energética.

Para Massol ‘el gasoducto representa un acto claramente de despilfarro de fondos públicos a sabiendas de que el proyecto está aún bajo evaluación de agencias federales, y que dos de ellas (Agencia de Protección Ambiental y el Servicio de Pesca y Vida Silvestre) recomiendan que se deniegue el permiso’.

En la noche del martes, el senado aprobó el proyecto 1953 que enmienda la Ley Número 76 del 2000, que viabiliza la extensión de un estado de emergencia durante el término de incumbencia de un Gobernador, mediante Orden Ejectuvica. Esto, a poco más de un mes desde que venció la orden de emergencia energética.

‘Dicha extensión lo que permite es atropellar procesos de evaluación, subasta y contratación de entidades privadas. Estamos hablando de que el Senado de Puerto Rico se contradice asi mismo’, sentenció Massol.

Esto en referencia a la Resolución del Senado 889 del pasado noviembre, en la que la Comisión de Urbanismo e Infraestructura determinó la necesidad de evaluar otras alternativas para suplir la energía del país.

Massol aseguró que los documentos se les van hacer llegar al Presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz; la presidenta de la Cámara, Jenniffer Gonzalez; a las angencias federales y al Departamento de Justicia.

‘Serán ellos los responsables de realizar las acciones pertinentes. Nosotros ya cumplimos con hacer la denuncia pública’, finalizó Massol.