La pieza legislativa contempla sanciones contra quien intente comprar alcohol con su licencia marcada y contra cualquiera que les venda el producto.

Un proyecto de ley del representante Pedro “Pellé” Santiago modificaría las licencias de conducir de individuos convictos por ciertas violaciones a la Ley de Tránsito para tratar de impedir que se les venda alcohol, no importa el escenario en que sea adquirido.

El Proyecto de la Cámara 1075 también incluye penalidades económicas y una sanción de delito menos grave a cualquier vendedor, al por mayor o al detal, que incumpla con el texto de la propuesta ley.

La pieza legislativa dispone que se incluirá en la licencia de conducir de todo convicto por violar los artículos 7.01, 7.02 y 7.03 de la ley de tránsito una frase en letras mayúsculas y letra roja que no se le venderá al ciudadano bebidas alcohólicas. Estos artículos tienen que ver con el manejo de vehículos bajo los efectos de drogas o alcohol.

La prohibición de venta de bebidas alcohólicas sería de seis meses en caso de una primera convicción, tres años en el caso de una segunda convicción y cinco años por una tercera o subsiguiente convicción.

Cualquier conductor que viole lo antes dispuesto se expone a multas de no menos de $1,000 y no más de $5,000 y una pena carcelaria de no más de seis meses.

En el caso de los vendedores, se incluye en la ley la prohibición de venta a convictos con la licencia marcada y obliga al comerciante o bartender solicitar la entrega de la licencia para su revisión a todo cliente que compre alcohol, sea en un negocio de venta como un supermercado o en una barra o restaurante.

El proyecto no atiende situaciones específicas como la falta de un castigo penal a alguien que compre bebidas alcohólicas para un convicto.

La Exposición de Motivos de la medida cita estadísticas recopiladas entre los años 2019 y el 2023 que reflejan que el 32% de las fatalidades viales estaban ligadas al uso del alcohol. No obstante, no identifica jurisdicciones en que se haya puesto en vigor una medida como la ley propuesta.

“En Puerto Rico, donde una proporción significativa de las fatalidades relacionadas con el consumo de alcohol involucra niveles elevados de alcohol en la sangre, resulta razonable y necesario adoptar una medida complementaria dirigida a limitar la venta de bebidas alcohólicas a aquellas personas que hayan resultado convictas por guiar bajo los efectos de bebidas embriagantes, drogas o sustancias controladas”, lee la medida.