Las denuncias por alegados excesos e intervenciones indebidas por parte de agentes de la Policía contra ciudadanos dominicanos llegan permanentemente al Consulado de la República Dominicana en San Juan, involucrando tanto a uniformados municipales como estatales, expresó el cónsul Máximo Taveras.

En entrevista con Inter News Service, el funcionario advirtió que los agentes de Policía no tienen que estar pidiendo documentos de identificación sobre estatus migratorio a ningún ciudadano sea cual sea su nacionalidad.

‘Ni la policía estatal ni la municipal tienen jurisdicción para eso, pues no existe ningún acuerdo con el Servicio de Inmigración y Aduana (ICE) para llevar a cabo esas intervenciones’, dijo Taveras.

No obstante, indicó que pese a la falta de jurisdicción, algunos agentes policiales asumen funciones de agentes de Inmigración, recibiendo esa sede consular múltiples denuncias de dominicanos que se quejan de ‘intervenciones indebidas’ por parte de agentes de la policía.

‘Hemos tratado el asunto con el superintendente José Figueroa Sancha, en el contexto de que por apariencia, por color o por acento los agentes de la policía no pueden intervenir con los ciudadanos dominicanos. Y cuando digo intervenir es pedirle sus documentos migratorios ante cualquier eventualidad’, indicó el Cónsul.

Dijo que en el caso de una infracción de tránsito lo que tiene que solicitarles el agente es la licencia de conducir y los documentos del carro, no sus documentos migratorios.

‘Este es un problema que viene afectando a la comunidad dominicana desde hace mucho tiempo. Yo mismo he tenido que trasladarme a cuarteles de la policía en el área de Santurce por intervenciones con ciudadanos por asuntos migratorios’, dijo Taveras.

El Cónsul de la República Dominicana sostuvo que no cree que se trate de una directriz de la policía pues el superintendente se ha mostrado interesado en resolver la situación.

‘Él está en la búsqueda de soluciones. De hecho, estamos coordinando una visita conjunta a comerciantes dominicanos en la avenida Borinquen, Barrio Obrero, Río Piedras y Puerto Nuevo para atender algunos problemas que los afectan’.

Las denuncias sobre la existencia de un patrón de discrimen y abuso policial contra inmigrantes dominicanos no son nuevas. En el año 2002, el ex cónsul de la República Dominicana en Puerto Rico e Islas Vírgenes, Rolando Acosta, le solicitó al alcalde de San Juan, Jorge Santini, una investigación formal de diversas denuncias formuladas por ciudadanos dominicanos.

Ante la falta de respuesta, Acosta solicitó la intervención de la Oficina del Procurador del Ciudadano, instancia que acogió la preocupación e inició una investigación.

Dentro de los datos recopilados por esta Oficina quedaron evidenciadas ‘manifestaciones altamente preocupantes por parte de policías designados en Barrio Obrero y Villa Palmeras contra los residentes’. El informe describió ‘situaciones de hostigamiento, discrimen racial y nacional, burlas y atropellos’. La investigación abordó denuncias que habían sido presentadas ante el Consulado dominicano por nueve inmigrantes.

El informe señala que ‘Rubén Darío Perdomo fue detenido por efectivos de la guardia municipal mientras esperaba en la Placita Barceló que lo fueran a buscar para hacer un trabajo de construcción; Wander Rodríguez resultó detenido cuando iba de pasajero en un vehículo que tenía el volumen de la música muy alto y Fabia Simé Santos, residente legal, fue intervenida al salir de un colmado y al no tener sus documentos con ella la llevaron al cuartel con acusaciones de ser una inmigrante ilegal’, entre otros hechos.

En esos momentos, el Procurador del Ciudadano, Carlos J. López Nieves, recomendó a las autoridades municipales ‘implementar por escrito una política para las intervenciones con extranjeros en el municipio de San Juan, que esté acorde a las leyes de inmigración, las leyes estatales y ordenanzas municipales, sin menoscabar los derechos humanos de estos ciudadanos en Puerto Rico’.

A casi una década de ese informe, siguen siendo numerosas las denuncias que presentan ciudadanos de nacionalidad dominicana ante los representantes de su país, alegando discrimen y abusos por parte de agentes de la Policía Municipal de San Juan.