El gobierno depende de los estados financieros de la AEE para cumplir con los cuatro presupuestos balanceados requeridos por la Junta de Supervisión Fiscal.

LUMA Energy reaccionó a las declaraciones de la gobernadora Jenniffer González Colón, quien señaló que el consorcio ha incumplido con la entrega de estados financieros auditados que deben someter presupuestos balanceados ante la consideración de la Junta de Supervisión Fiscal.

“Como hemos indicado en múltiples ocasiones, la situación relacionada con los estados financieros auditados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) ha sido atendida mediante un diálogo amplio y continuo con la AEE y sus consultores, así como a través de un compromiso constante con el Departamento de Hacienda y su secretario (Ángel Pantoja). LUMA ha respondido de manera consistente, oportuna y precisa a todas las solicitudes de datos e información”, reza una comunicación escrita.

González Colón señaló que el gobierno depende de los estados financieros de la AEE para cumplir con los cuatro presupuestos balanceados, uno de los pasos para culminar la intervención de la Junta de Supervisión Fiscal en Puerto Rico.

“El principal retraso en la finalización de la auditoría se debe a la participación de múltiples capas de consultores, lo que ha limitado el flujo de información y de respuestas entre las partes involucradas. A esto se suman retrasos ocasionados por el auditor de la AEE, KPMG, que ha abierto repetidamente nuevas muestras de datos o ha reabierto muestras que, en muchos casos, habían sido cerradas meses atrás. Además, KPMG alcanzó recientemente el límite de su contrato con la AEE y, como resultado, suspendió los trabajos de auditoría”, admitió LUMA Energy.

“Como parte de nuestro compromiso con la transparencia, reiteramos nuestra disposición a apoyar la culminación de esta auditoría, siempre y cuando la información necesaria nos sea provista”, concluyó.

El pasado diciembre, el gobierno de Puerto Rico presentó una demanda ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan solicitando la cancelación de la extensión del contrato de operación del sistema eléctrico firmado con LUMA Energy, al alegar que la prolongación del acuerdo es ilegal.