La gobernadora Jenniffer González sometió un proyecto para la consideración de la legislatura.
El indulto presidencial concedido a la exgobernadora Wanda Vázquez Garced no alterará el curso de la legislación que busca eliminar el beneficio de escoltas a exfuncionarios que hayan cometido delitos, sostuvo la gobernadora Jenniffer González Colón, quien reiteró que firmará el proyecto de administración tan pronto llegue a su despacho, aun si la beneficiaria intenta impugnarlo en los tribunales.
La mandataria respondió a preguntas de la prensa sobre el impacto del perdón otorgado por el presidente Donald Trump en momentos en que se discuten y se cruzan medidas en la Asamblea Legislativa relacionadas con el derecho a escolta para exgobernadores y otros exfuncionarios. Según indicó, aunque reconoce la facultad constitucional del presidente de Estados Unidos para conceder indultos, esa determinación no borra la alegación de culpabilidad ni los hechos del caso federal.
“Lo primero, yo reconozco la facultad que tiene el presidente de los Estados Unidos de emitir indultos. No obstante, ese indulto no cambia la alegación de culpabilidad que hizo la exgobernadora, ni cambia los hechos”, expresó la gobernadora. “Hubo una alegación de culpabilidad. No hubo sentencia, el presidente tiene el perfecto derecho para hacer un indulto… Lo que sí es que violentar esos procesos democráticos tiene una repercusión”, agregó.
González Colón enmarcó la controversia como una que golpea el sistema electoral, al describirlo como la base de las decisiones democráticas del país.
“El sistema electoral es la cuna para todas las decisiones democráticas que se ejercen en Puerto Rico… y eso se vició en ese proceso con las acciones que ella alegó culpabilidad”, sostuvo.
En ese contexto, la gobernadora reiteró que su administración radicó un proyecto para eliminar escoltas a cualquier persona que haya cometido delitos y enfatizó que, de aprobarse, tomará acción inmediata.
“Nosotros radicamos un proyecto de administración que elimina las escoltas a cualquier persona que haya cometido delitos. Y si me aprueban ese proyecto, se le van a eliminar las escoltas. Tan pronto me llegue el proyecto, yo las voy a eliminar y si quiere alegar algo, que acuda al tribunal”, afirmó.
La exgobernadora Wanda Vázquez Garced, junto al banquero Julio Herrera Velutini y el exagente federal Mark Rossini, se declaran culpables en el Tribunal Federal por violación a ley de financianción de campañas políticas.
La gobernadora explicó que la medida de administración ya fue aprobada en ambos cuerpos legislativos, aunque actualmente se encuentra en el proceso de conciliación entre versiones.
“El proyecto que nosotros radicamos en la administración se ha aprobado en ambos cuerpos legislativos. Obviamente se están cruzando y espero la que me pueda llegar esa versión que es mucho más robusta para atender esto”, dijo.
Ante preguntas sobre si el gobierno de Puerto Rico ha contemplado impugnar el indulto presidencial, la mandataria descartó esa posibilidad y planteó que se trata de un poder constitucional no revisable por los tribunales. Cuando la prensa insistió en que letrados han señalado que, aunque difícil, podría intentarse una impugnación bajo parámetros particulares, la gobernadora reiteró que ese planteamiento no corresponde al ámbito estatal y tendría que ventilarse en el foro federal.
“El caso federal, quien llevó la investigación es el gobierno federal, la Fiscalía federal. Así que quien lleva el caso es el propio gobierno de los Estados Unidos. Deberían alegarlo allí, porque eso no es un caso estatal”, afirmó.
La gobernadora también atendió preguntas relacionadas con la licencia de abogada de Vázquez Garced, aclarando que el Ejecutivo no tiene facultad para intervenir con ese asunto.
“Primero que yo como gobernadora no tengo facultad ninguna para remover una licencia de abogado. Ninguna”, expresó. Según dijo, el tema corresponde al Tribunal Supremo de Puerto Rico y requiere un proceso formal de queja y debido proceso para la persona afectada.
“Eso es un asunto que atiende el Tribunal Supremo de Puerto Rico y tiene que haber un proceso de queja, tiene que haber un debido proceso para la persona afectada poder vindicar su caso. Así que yo como gobernadora no tengo potestad legal ninguna para la remoción de licencia o tan siquiera asuntos procesales o de reprimenda”, subrayó.
Al ser cuestionada sobre el mensaje que envía el perdón en términos del cumplimiento de las leyes electorales, la gobernadora insistió en que el indulto no elimina la gravedad del caso y que el país no olvidará lo ocurrido.
“Yo soy de las que pienso que este perdón no borra la gravedad de los actos cometidos. El indulto no va a borrar lo que pasó, no va a borrar el delito… No va a borrar el que se declaró culpable”, expresó.
“Todo el mundo en Puerto Rico va a recordar que se interfirió con el proceso democrático en un proceso electoral que debe ser el proceso más puro”, concluyó la mandataria.
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