La gobernadora Jenniffer González Colón adelantó la Administración de Servicios Generales perderá algunas facultades destalladas en ley a partir de enero de 2027.
Jenniffer González sostuvo que el Departamento de Educación, dirigido por Eliezer Ramos (derecha), representa el 50% de las compras del gobierno. (Benjamín Hernández Colón / NotiCel)
El nuevo Sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP, por sus siglas en inglés) finalmente entró en funcionamiento con una inversión total de $100 millones luego de 10 años de infructuosos intentos por ponerlo en vigor.
La plataforma incluye la implementación de los módulos de Finanzas y Cadena de Suministros que proveerá a los suplidores del Gobierno mayor visibilidad y acceso a información en tiempo real de los trámites. Además, automatiza los procesos financieros y la cadena de suministros. Dichas responsabilidades aún recaen en la Administración de Servicios Generales (ASG), sin embargo, la gobernadora Jenniffer González Colón adelantó que cesarán a partir de enero de 2027.
La ASG fue creada por medio de una ley la entidad gubernamental responsable de implementar la política pública relativa a la adquisición de bienes y servicios no profesionales del Gobierno. Según el texto de la ley, “ASG será el único ente autorizado a realizar y negociar la adquisición de bienes, obras y servicios no profesionales para las Entidades Gubernamentales, según definidas en la presente Ley, conforme los métodos de licitación y compras excepcionales”.
La gobernadora indicó que la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) estará a cargo de la operación y mantenimiento del ERP.
“Estamos hablando de la radicación de las compras del gobierno, así que en este sentido las compras se harían por el sistema (ERP) porque son para todo el gobierno”, respondió González Colón durante una conferencia de prensa en el Departamento de Hacienda.
Hasta la fecha, 66 agencias del gobierno central fueron integradas el nuevo sistema. El Departamento de Educación, la dependencia que representa el 50% de las compras que hace el gobierno, es la primera que las procesará por el ERP.

“A partir de enero, las compras no las hará ASG”, afirmó González Colón.
El concepto de ERP inició entre 2015 y 2016. El primer intento fallido de implementación entre 2017 y 2020. Una auditoría de la Oficina del Contralor concluyó que la inversión inicial de $32 millones no obtuvo rendimientos por comunicación inefectiva, contratos previos, falta de capital humano y fallas en coordinación entre agencias.
La iniciativa fue resucitada en el 2022, aunque detenida dos años después debido a que la Junta de Supervisión Fiscal identificó deficiencias críticas, la toma de decisiones y la preparación de las agencias para adoptar el nuevo sistema.
“Es un poco complicado en el siguiente sentido. Al ser un sistema integrado, que incluye finanzas, manejo de la cadena de suministros y recursos humanos, eso requiere que el gobierno por primera vez trabaje como uno solo. Hoy, ASG maneja su sistema conocido como J.E.D.I. y Hacienda tiene PRIFAS que es el sistema de contabilidad del gobierno central. Aunque en Recursos Humanos tenemos un proveedor, no tenemos un sistema que maneje los recursos humanos. Este sistema (ERP) viene a sustituirlos todos”, explicó Itza García, subsecretaria de la Gobernación.
“Cuando hablamos de la cadena de suministros, nos referimos a servicios profesionales e inventario y son responsabilidades que por ley están adjudicadas a otras entidades gubernamentales. El sistema está integrado y vivirá en OGP donde estará el centro de excelencia”, agregó.
García rechazó que ocurrirá un disloque con los procesos de compras durante los próximos meses mientras ASG mantenga sus facultades en ley.
“Hemos hecho una serie de interfases para poder cooperar. En el caso de J.E.D.I., ese sistema, en su momento desaparecerá y utilizamos el módulo de manejo de cadena de suministros de Oracle”, destacó.
La actual administradora de ASG, Karla Mercado, quien fue señalada como opositora del sistema ERP, señaló en la Legislatura que el presupuesto recomendado por la Junta de Supervisión Fiscal para el 2026-27 fue de $23.7 millones, lo que representa una reducción de $6.6 millones. El solicitado ascendió a $35.7 millones.
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