La acusación incluye cargos por coerción e incitación de un menor, recibo y distribución de material de explotación sexual infantil, y posesión de ese tipo de material.

El fiscal federal interino para el Distrito de Puerto Rico, Héctor Ramírez Carbó, informó el miércoles el arresto de Israel Arroyo Chiqués, de 63 años y residente de Caguas, por cargos de explotación sexual infantil.

Agentes especiales de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos arrestaron a Arroyo Chiqués luego de que un gran jurado federal lo acusara el 1 de julio.

La acusación incluye cargos por coerción e incitación de un menor, recibo y distribución de material de explotación sexual infantil, y posesión de ese tipo de material.

Según documentos judiciales, desde diciembre de 2025 hasta abril de 2026, Arroyo Chiqués supuestamente utilizó un teléfono celular, servicios de mensajería instantánea y redes sociales para persuadir, inducir y coaccionar a un menor de 14 años a participar en actividad sexual.

Entre enero y marzo de 2026, el acusado supuestamente recibió y distribuyó imágenes de menores en conducta sexual explícita mediante aplicaciones de mensajería instantánea, utilizando su teléfono celular y otros dispositivos electrónicos.

La Fiscalía federal sostiene que Arroyo Chiqués también poseía y accedía con intención de ver material de explotación sexual infantil.

Ramírez Carbó y el agente especial interino a cargo de HSI San Juan, Yariel Ramos, hicieron el anuncio del arresto.

La fiscal federal auxiliar Daynelle Álvarez Lora, de la Unidad de Crímenes contra Menores, Trata Humana e Inmigración, procesa el caso.

A cargo de la investigación está el Grupo de Trabajo de Crímenes contra Menores de Puerto Rico, dirigido por HSI.

De ser convicto por coerción e incitación de un menor, Arroyo Chiqués enfrenta una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y hasta cadena perpetua.

Por recibo y distribución de material de explotación infantil, se expone a una pena de 5 a 20 años de prisión. El cargo de posesión conlleva una pena máxima de 20 años.

Cualquier sentencia sería seguida por un término de libertad supervisada, según la Fiscalía federal.

La acusación forma parte de Project Safe Childhood, iniciativa del Departamento de Justicia federal para combatir la explotación sexual infantil y procesar a personas que explotan menores por internet.

Toda acusación es una alegación y los acusados se presumen inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de duda razonable en un tribunal.