Intervenciones en San Juan y Cataño resultan en la ocupación de cerca de 30 máquinas y más de $8,300 en efectivo bajo el nuevo reglamento de confiscaciones.

La Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico (CJPR), en coordinación con la Policía de Puerto Rico, llevó a cabo un operativo en el que se ocuparon cerca de 30 máquinas descritas como ilegales de juegos de azar en ruta, comúnmente conocidas como tragamonedas, además de $8,347 en efectivo, como parte de los esfuerzos de fiscalización tras la entrada en vigor del nuevo reglamento de confiscaciones adoptado bajo la ley vigente.

Durante el operativo se intervinieron dos establecimientos comerciales en la zona metro. En el Colmado y Cafetería Caribe, en San Juan, se ocuparon 12 máquinas y $7,910 en efectivo. Mientras, en el negocio Mi Gente 2GO, ubicado en el sector Las Palmas en Cataño, se ocuparon 17 máquinas y $437.

En síntesis, se indicó que los operadores no pagaron por la licencia requerida.

El operativo estuvo a cargo del personal de la Oficina de Investigación y Regulación de la Comisión de Juegos, en coordinación con la División de Carolina del Negociado de Drogas, Narcóticos, Control del Vicio y Armas Ilegales de la Policía de Puerto Rico, bajo la supervisión del teniente Emmanuel Rosario Cintrón.

Esta intervención representa el segundo operativo realizado por la Comisión desde que entró en vigor el Reglamento de Confiscaciones de Máquinas de Juegos de Azar en Ruta (Reglamento Núm. 9718), adoptado conjuntamente por la Comisión de Juegos y la Policía de Puerto Rico para establecer el procedimiento formal para estas intervenciones.

“Este segundo operativo demuestra que el proceso de fiscalización continúa activo. Las máquinas de juegos de azar en ruta solo pueden operar dentro del marco legal establecido y quienes ignoren la ley se exponen a ocupaciones, confiscaciones y las penalidades correspondientes”, expresó el director ejecutivo de la Comisión de Juegos, Juan Carlos Santaella Marchán.

El funcionario recordó que, tras la aprobación de la nueva ley y la implementación del reglamento, se otorgó un periodo para que operadores y comerciantes pudieran regularizar sus máquinas y cumplir con los requisitos establecidos.

“Este tipo de operativo responde a nuestro compromiso firme con hacer cumplir la ley y garantizar que las máquinas de juegos de azar operen dentro del marco regulatorio establecido. La colaboración con la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico es fundamental para fiscalizar estos establecimientos, evitar prácticas ilegales y proteger tanto a los comerciantes que cumplen con la ley como a nuestras comunidades”, expresó por su parte el superintendente de la Policía de Puerto Rico, Joseph González.

Según dispone la ley, todo dueño de máquina, operador, propietario de negocio o cualquier persona que opere una máquina de manera ilegal incurre en un delito menos grave y se expone a una pena de hasta seis meses de cárcel, multas de hasta $10,000, o ambas penas, a discreción del tribunal, además de la posible revocación de permisos.

Los recaudos generados por la operación legal de estas máquinas se distribuyen en un 55% al Fideicomiso del Retiro de la Policía de Puerto Rico, un 40% para los municipios y un 5% para los gastos operacionales de la Comisión de Juegos.

Santaella Marchán también exhortó a los ciudadanos a reportar confidencialmente cualquier comercio que opere máquinas ilegales a través del portal oficial de la agencia.