Las expresiones se produjeron en momentos en que el Senado aprobó dos medidas dirigidas a poner fin al derecho automático de escolta para exgobernadores y otros exfuncionarios, una controversia que volvió a intensificarse tras el indulto a Vázquez Garced, quien se había declarado culpable en el Tribunal Federal por un delito electoral menos grave.

El reciente indulto presidencial concedido a la exgobernadora Wanda Vázquez Garced no altera el curso de los proyectos legislativos que buscan regular y restringir el uso de escoltas para exfuncionarios, según sostuvo el Ejecutivo al reaccionar a cuestionamientos sobre el futuro de esas medidas tras la determinación del presidente de Estados Unidos.

Ante preguntas directas sobre qué ocurrirá ahora con los proyectos relacionados a las escoltas —particularmente aquellos que limitan ese beneficio a personas no convictas— el secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano, aseguró que las iniciativas continúan su curso legislativo y que la gobernadora Jenniffer González Colón firmará el proyecto que llegue a su despacho.

Peña Payano explicó que las medidas aún se encuentran en trámite en la Legislatura y que no está definido si ambas llegarán al Ejecutivo o si solo lo hará la propuesta promovida por la administración.

“Los proyectos todavía están en trámite legislativo. No sabemos si van a llegar ambos o si va a llegar el de administración, que es el que la gobernadora avala”, expresó.

“Una vez llegue el proyecto o los proyectos, la gobernadora lo firmará y se va a ejecutar lo que diga el proyecto de ley. Esa es la posición de la gobernadora”, afirmó, al descartar que el indulto presidencial tenga algún efecto sobre esa determinación.

A su vez, el funcionario respondió además a señalamientos recientes del representante del Partido Popular Democrático (PPD), Ramón Torres, quien planteó que la gobernadora podría verse beneficiada en el futuro por la política pública relacionada a las escoltas, en caso de no aspirar nuevamente al cargo.

Peña Payano rechazó contundentemente ese planteamiento y sostuvo que parte de una premisa incorrecta.

“No es lo mismo. En primer lugar, la gobernadora ha sido clara en que va a ser una gobernadora de ocho años o más, dependiendo de lo que decida aspirar”, afirmó.

Añadió que la legislación bajo consideración no aplica a la actual mandataria.

“En segundo lugar, la gobernadora de Puerto Rico no ha sido convicta de nada, y el proyecto de ley le aplica a personas convictas de delitos y a exfuncionarios”, subrayó.

El secretario de Asuntos Públicos insistió en que el eje central de los proyectos es limitar o eliminar el uso de escoltas a personas que hayan sido convictas por delitos graves o menos graves, independientemente del foro judicial.

“Si es una persona convicta de un delito, la gobernadora va a firmar el proyecto de ley y va a implementar y ejecutar la misma”, sostuvo.

Las expresiones se produjeron en momentos en que el Senado aprobó dos medidas dirigidas a poner fin al derecho automático de escolta para exgobernadores y otros exfuncionarios, una controversia que volvió a intensificarse tras el indulto a Vázquez Garced, quien se había declarado culpable en el Tribunal Federal por un delito electoral menos grave.

Mientras el debate continúa en la Legislatura, el Ejecutivo se sostuvo firmemente en que el indulto presidencial no cambia la política pública que se busca establecer ni el compromiso de ejecutar la ley que finalmente sea aprobada.

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