La medida que busca frenar el cobro de trescientos dólares que LUMA Energy intenta imponer a miles de clientes con sistemas de medición neta.

La Asociación de Energía Solar y Almacenamiento de Puerto Rico (SESA) instó el miércoles al Senado a aprobar la Resolución Concurrente de la Cámara 193, medida que busca frenar el cobro de trescientos dólares que LUMA Energy intenta imponer a miles de clientes con sistemas de medición neta.

“El cargo es injusto, ilegal y contrario a la política pública energética del país. No se puede penalizar a las familias que invirtieron en energía solar para protegerse de los apagones y las alzas en la tarifa eléctrica”, afirmó Javier Rúa Jovet, director de política pública de SESA, en declaraciones escritas.

La resolución, aprobada por unanimidad en la Cámara de Representantes, ordena eliminar el cobro y concede una amnistía a las personas con sistemas solares ya instalados. Además, dispone que el Negociado de Energía inicie un proceso transparente, supervisado por un facilitador independiente, para determinar si en el futuro algún cargo podría estar justificado.

El cobro, según la organización, surge de un reglamento del 2017 que contradice la Ley 17-2019 de Política Pública Energética, pero que LUMA continúa aplicando. De acuerdo con SESA, la empresa intenta recaudar más de once millones de dólares adicionales a través de su revisión tarifaria ante el Negociado de Energía, lo que implicaría trasladar el costo a todos los abonados.

La gobernadora Jenniffer González Colón expresó su oposición a esta medida durante el SESA Summit celebrado en octubre, al afirmar que se oponía “categóricamente al intento injustificado de imponer un cargo de trescientos dólares por estudios de interconexión a los clientes de medición neta”.

La Oficina Independiente de Protección al Consumidor, adscrita a la Junta Reglamentadora de Servicio Público, presentó una querella ante el Negociado de Energía para detener el cobro, aunque el organismo no ha tomado acción.

“Cada día que pasa sin aprobar esta medida, más familias enfrentan incertidumbre. Mi esperanza es que el Senado, como bien lo ha hecho en el pasado, se mueva rápidamente para proteger nuevamente a los consumidores y reafirmar la política pública de energía renovable que Puerto Rico necesita”, concluyó Rúa Jovet.