Durante el operativo, se impactaron concesionarios en las regiones de San Juan, Caguas, Ponce, Mayagüez y Arecibo.
El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) anunció los resultados del más reciente operativo de fiscalización a concesionarios de vehículos de motor, en el cual se impactaron decenas de establecimientos en todas las regiones de Puerto Rico.
Este esfuerzo forma parte de la política pública de esta administración, de mantener un DACO activo, presente y en la calle, velando por la protección del consumidor y la transparencia en las transacciones comerciales.
“Este fue un operativo abarcador y efectivo. Estuvimos en todas las regiones de Puerto Rico y encontramos mucho cumplimiento, pero también identificamos áreas que requieren corrección inmediata. El DACO está activo, está en la calle y seguirá velando por los derechos de los consumidores.
Queremos que cada ciudadano conozca sus derechos, los exija y sepa que esta agencia está aquí para servirle,” expresó la Secretaria del DACO, Lcda. Valerie Rodríguez Erazo.
Durante el operativo, se impactaron concesionarios en las regiones de San Juan, Caguas, Ponce, Mayagüez y Arecibo. En cada región se realizaron visitas presenciales y evaluaciones a la publicidad digital y tradicional de los concesionarios, identificándose incumplimientos principalmente relacionados con la ausencia del precio final del vehículo, la información incompleta sobre millas por galón (MPG) y la falta de licencias vigentes de mecánicos en los talleres de servicio.
También se detectaron violaciones en las boletas de trabajo o “work orders” por no incluir el nombre completo del mecánico automotriz y su número de licencia, conforme a lo que dispone el Reglamento de Talleres de Reparación de Vehículos de Motor del DACO.
En total, el operativo incluyó 441 visitas presenciales a concesionarios y resultó en la emisión de 495 Avisos de Infracción, producto de dos vertientes de fiscalización. Por un lado, las multas impuestas tras las visitas físicas a los concesionarios, en las que se verificó el cumplimiento con los reglamentos sobre precios visibles, licencias y boletas de trabajo; y por otro, las multas derivadas de los operativos de escritorio, en los que el DACO evaluó la publicidad difundida por los concesionarios en redes sociales, medios digitales y anuncios en prensa escrita.
Estas últimas se concentraron principalmente en anuncios engañosos, por ejemplo, aquellos que no incluían el precio final del vehículo o que promovían mensualidades que no reflejaban las condiciones reales del financiamiento
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