Ya Acosta enfrenta una amonestación de la Cámara de Representantes por su conducta relacionada al evento.

La teniente coronel Janice Rodríguez Collazo, directora del área policiaca de Mayagüez enfrenta una querella ética por intervenir a favor del representante penepé Emilio Carlo Acosta en el archivo de una multa de tránsito.

Ya Acosta enfrenta una amonestación de la Cámara de Representantes por su conducta relacionada al evento.

En lo que concierne a Rodríguez Collazo, la querella de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) presentada el 7 de abril indica que el 18 de marzo de 2025, cuando un agente intervenio por una infracción de tránsito con el legislador de primer turno, este hablaba por teléfono con alguien a quien le indicó que le habían entregado el boleto.

Esa persona resultó ser Rodríguez Collazo.

El agente interventor, Herminio Sánchez Ramos no le hizo caso al comenterio y realizó su trabajo. Ese mismo día en la tarde, Rodríguez Collazo llamó en dos ocasiones al teniente Gualberto Cruz Avilés, supervisor del agente.

“En dichas llamadas la querellada expresó comentarios relacionados con la multa expedida al señor Carlo”, lee la querella. “Y solicitó que se archivara el boleto de tránsito expedido”.

En una segunda llamada le preguntó al teniente Cruz Avilés “si ya había bregado con el boleto”. En ambas ocasiones el teniente Cruz Avilés le respondió en la negativa a lo que Rodríguez Collazo le respondió que “si no archivaba ese boleto no aseguraría su silla”.

Según la OEG, la conducta de Rodríguez Collazo significó un abuso de autoridad y violó el Código de Ética de la Policía, dos reglamentos de la Policía y la Ley de Ética Gubernamental que dispone que un servidor público no podrá utilizar los deberes y facultades del cargo para beneficiar a una persona privada o un negocio.

“La querellada utilizó los deberes y facultades inherentes a su cargo para interferir, obstaculizar y favorecer indebidamente al señor Carlo en una intervención de tránsito”, reza la querella. “La conducta de la querellada no solo constituyó una vilación a los preceptos normativos antes expuestos, sino que, además, generó un efecto directo y adverto en la percepción ciudadana sobre la integridad de la Policía de Puerto Rico…”.

La OEG está solicitando la imposición a ser pagada mediante retenciones tramitadas por el Departamento de Hacienda, el sistema de retiro que le aplique o la Asociación de Empleados del ELA.

Rodríguez Collazo tiene 20 días a partir del 7 de abril para contestar.