Gobernadora justifica incumplimientos de 40 municipios con Departamento de Vivienda de EU
18 de marzo de 2025 - La gobernadora Jenniffer González Colón entrega títulos de propiedad a más de 100 familias de distintas comunidades de la Región de Bayamón, incluyendo a los municipios de Toa Alta, Toa Baja, Dorado, Cataño, Comerío y Vega Alta; junto a la secretaria del Departamento de la Vivienda, Ciary Pérez Peña.
Luego de que la secretaria de Vivienda estatal; Ciary Pérez Peña, confirmara que su agencia tuvo que solicitar una extensión de 60 días a HUD para evitar la devolución de esos fondos no utilizados.
A pesar de que 40 municipios de la Isla están en riesgo de perder fondos federales asignados por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD, por sus siglas en inglés), la gobernadora; Jenniffer González Colón, optó por minimizar la gravedad del asunto, atribuyendo el incumplimiento generalizado a la falta de personal en algunos pueblos.
Su respuesta surge tras la revelación de que el Departamento de Vivienda estatal tuvo que solicitar una extensión de 60 días a HUD para evitar la devolución de esos fondos no utilizados, una gestión que fue confirmada por la secretaria de esa agencia; Ciary Pérez Peña, en una vista pública en la Cámara de Representantes.
Según explicó Pérez Peña ante la Comisión de Hacienda de la Cámara, HUD envió una notificación señalando que los 40 municipios no habían cumplido con el mínimo requerido de 20% de uso de los fondos asignados bajo el programa Project Implementation Advance Funds (PIAF), lo cual ponía en riesgo el dinero adelantado.
Cabe destacar que, este programa federal fue diseñado precisamente para garantizar liquidez a los municipios en la ejecución de proyectos de infraestructura y recuperación postdesastre, pero hasta la fecha, esas jurisdicciones ni siquiera habían presentado facturas de reembolso al Departamento de Vivienda, según estipula el protocolo.
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«No todos los municipios tienen el personal para trabajar este proceso de reembolso, de facturación y del trámite», dijo González Colón como justificación al incumplimiento de 40 municipios durante una actividad en la cual se entregaron títulos de propiedad a 130 familias tras décadas de espera.
«Me informa la Secretaria de Vivienda que, en efecto, ella tuvo que solicitar una prórroga para el cumplimiento de estos casos que fue otorgada. Se le dio una extensión hasta el 18 de mayo para poder cumplir con los requerimientos federales», añadió.
La pregunta formulada por NotiCel hacia la mandataria apuntaba directamente al tema de la eficiencia gubernamental: ¿es suficiente esta extensión de tiempo para que los municipios puedan cumplir con los requisitos de HUD y evitar así la pérdida de fondos?
Sin embargo, en su respuesta, la gobernadora no ofreció una evaluación clara sobre la viabilidad del plazo y tampoco pareció reconocer la gravedad de este incumplimiento a nivel estructural. En cambio, se limitó a indicar que Vivienda ya había asignado personal para asistir a los municipios en la preparación de sus reclamaciones y que el problema radica, en parte, en la carencia de personal especializado en los municipios para manejar estos procesos.
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Según González Colón, ya se asignó personal para ayudar a estos 40 municipios «a que puedan cumplir para esa fecha y, de esta manera, no perder los fondos federales».
El gobierno local recibió en 2018 una asignación de $1.5 mil millones en fondos federales para la recuperación tras los huracanes Irma y María. Esos fondos han sido canalizados a través de 19 programas distintos, y el Departamento de Vivienda local fue designado como entidad responsable de su administración.
Dicho retraso en la facturación por parte de los municipios no sólo puede suponer un riesgo para la ejecución de los proyectos, sino que puede comprometer la credibilidad de Puerto Rico ante las autoridades federales.
Aunque durante su comparecencia pública, Pérez Peña aseguró sentirse confiada en que se logrará evitar la devolución del dinero, también aceptó que la raíz del problema puede estar relacionada con falta de adiestramiento o conocimiento por parte del personal municipal, así como con obstáculos burocráticos como los procesos de permisos ambientales, cuya evaluación puede tardar hasta un año.
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