Informe sobre procesos de recuperación resalta que todavía comunidades completas, especialmente mujeres mayores de edad, viven bajo los efectos del paso del huracán.

A cuatro años del paso de los huracanes Irma y María, el principal programa de recuperación accesible a las víctimas sólo ha completado la reparación y reconstrucción de poco más de 1,000 viviendas, de un total de unas 27,000 solicitudes de ayuda.

El dato es uno de los que resalta la entidad Ayuda Legal Puerto Rico (ALPR) en su tercer informe “Hacia una recuperación justa”, divulgado ayer.

El Programa de Reparación, Reconstrucción y Reubicación (R3) bajo el Departamento de la Vivienda (DV) está suplido con $3,200 millones en fondos federales y dirigido a personas que no pudieron recibir ayuda adecuada de parte de la Administración Federal de Manejo de Emergencias (FEMA en inglés) o bajo el Programa Tu Hogar Renace en los meses después de los huracanes.

“Este programa representaba el último recurso disponible para las personas que todavía esperaban garantizar un techo seguro”, subrayó la organización en su informe.

Sin embargo, de las 26,951 solicitudes de ayuda recibidas entre el 31 de julio de 2019 y el 7 de enero de 2020, solo 9,800 tienen alguna adjudicación de reparación, reconstrucción o reubicación y solo 1,296 viviendas han completado la reparación y reconstrucción.

“Las crisis no afectan a todas las personas por igual”, indicaron también al resaltar que, de esas solicitudes, 66% vienen de mujeres, 42% de personas con diversidad funcional y 58% mayores de 61 años.

Al día de hoy, siguen con toldos azules en sus techos entre 15 y 18,000 personas, según el Plan de Acción del propio DV.

ALPR hizo una serie de recomendaciones para guíar lo que entienden es una recuperación más justa. Entre estas, que los procesos de mitigación tienen que integrarse a los procedimientos de R3 de manera clara y específica para evitar el desplazamiento de comunidades cuyos riesgos puedan ser mitigados; que las solicitudes de ayuda sean contestadas de forma inmediata porque “ninguna persona debe esperar años por una determinación”; que haya acceso adecuado a la asistencia con mecanismos de difusión y solicitudes más sencillas y claras; instaurar y fortalecer mecanismos de rendición de cuentas; darle a la gente servicios esenciales confiables y accesibles; y tener medidas de mitigación en casos de desplazamientos forzosos porque “la prohibición de reconstrucción en zonas inundables sin considerar la mitigación, la insistencia en títulos de propiedad y en la ‘solución’ de los gravámenes (hipotecarios) tienen como consecuencia el desplazamiento de personas empobrecidas, con un impacto dispar en poblaciones envejecidas y negras”.

Para ver el informe, pulse aquí.

Para un resumen gráfico, pulse aquí.