La decisión sobre la ley de Louisiana es la primera relacionada con derechos reproductivos desde que Trump asignó dos jueces.

El Tribunal Supremo estadounidense concedió este lunes una victoria clave a los defensores del derecho a abortar en EE.UU., pero no disuadió a los líderes conservadores que desde hace años intentan restringir el procedimiento y que prometieron seguir con esa campaña, convertida en bandera electoral.

Por cinco votos a favor y cuatro en contra, el Supremo declaró inconstitucional una ley estatal que habría limitado al máximo el acceso al aborto en Luisiana y provocado el cierre de dos de las tres clínicas abortistas que todavía sobreviven en ese estado, que tiene el marco legal más restrictivo de EE.UU. en ese ámbito.

«Hoy estoy de celebración, pero todavía estoy preocupada por nuestro futuro», dijo en una conferencia de prensa tras el veredicto Kathaleen Pittman, directora de una de las dos clínicas de Luisiana que habrían tenido que cerrar si salía adelante la ley, un centro llamado Hope Medical Group y situado en la ciudad de Shreveport.

LA CAMPAÑA CONSERVADORA PARA LIMITAR EL ABORTO EN EE.UU.

La ley de Luisiana era una de las más de 450 medidas aprobadas en la última década por estados conservadores para restringir el acceso al aborto, y que van desde vetos al procedimiento a partir de las seis u ocho semanas de embarazo hasta medidas más sutiles, como acumular regulaciones para imposibilitar el trabajo de las clínicas.

El objetivo declarado de esa campaña es convencer al Tribunal Supremo de derogar la decisión que en 1973 legalizó el aborto en todo EE.UU., algo que permitiría a los estados en manos conservadoras prohibir por completo ese servicio médico.

Esa campaña mueve votos, sobre todo de los cristianos evangélicos blancos y conservadores sociales que componen una parte notable de la base del Partido Republicano, y tiene el apoyo claro del presidente estadounidense, Donald Trump.

UN REVÉS PARA TRUMP

La decisión de este lunes supuso un notable revés para Trump porque fue la primera relacionada con el aborto en el Supremo desde que se incorporaron a la corte Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh, dos jueces elegidos por la Casa Blanca precisamente debido a su oposición a ese derecho reproductivo.

Tanto Gorsuch como Kavanaugh votaron a favor de la ley de Luisiana, pero se quedaron en minoría porque el presidente del Supremo, el magistrado de tendencia conservadora John Roberts, se sumó a los cuatro jueces progresistas para declarar inválida esa legislación, y la Casa Blanca no ocultó su decepción.

«Los jueces no elegidos (del Supremo) se han entrometido en las prerrogativas soberanas de los gobiernos estatales al imponer sus propias preferencias políticas a favor del aborto para anular normas legítimas», lamentó en un comunicado la portavoz de Trump, Kayleigh McEnany.

LOS DETALLES DE LA LEY

La ley 620 de Luisiana, aprobada en 2014 pero que nunca llegó a entrar en vigor debido al litigio, exigía que los médicos que practican abortos en el estado tuvieran derechos de admisión en un hospital dentro de un radio de unos 48 kilómetros (30 millas) desde la clínica donde se llevara a cabo el procedimiento.

Esos derechos de admisión son tan complicados de conseguir que solo un médico en una de las tres clínicas de Luisiana los tiene, y los demandantes insistían en que eran innecesarios en el caso de un procedimiento tan seguro para las pacientes.

«La tasa de complicaciones graves por abortar en Luisiana es cercana a cero», subrayó este lunes la abogada principal del caso, Julie Rikelman, en rueda de prensa.

Rikelman y la clínica Hope de Luisiana argumentaron que la ley era «idéntica» a otra que el Supremo ya examinó y declaró inconstitucional en 2016, y que exigía derechos de admisión a los médicos que practicaran abortos en clínicas de Texas.

Ese precedente salvó a las clínicas de Luisiana: fue la única razón por la que Roberts disintió del resto de la mayoría conservadora del Suprema y permitió tumbar la ley.

UN MATIZ IMPORTANTE

Pero Roberts dejó claro que lo hacía solamente por respetar la jurisprudencia y no quiso firmar la opinión de sus colegas progresistas que declaraban «inconstitucional» la ley de Luisiana, al recordar que él mismo se opuso en 2016 al fallo sobre la ley de Texas y aún cree «que ese caso se decidió incorrectamente».

Esa postura de Roberts preocupa a los activistas que defienden el derecho a abortar, que temen que eso anime a los estados conservadores a probar nuevas vías legales para forzar al Supremo a replantearse la legalización del aborto.

«Esto provocará más batallas judiciales (sobre el aborto), no menos», reconoció Rikelman.

LA BATALLA CONTINÚA

La autora de la ley de Luisiana, la senadora estatal demócrata Katrina Jackson, admitió su «decepción» en un vídeo publicado en Twitter, pero dejó claro que seguirá «impulsando políticas» que erosionen el acceso al aborto en su estado.

Y el Centro por los Derechos Reproductivos (CRR, en inglés), que defendió a la clínica de Luisiana este caso, tiene activos más de 30 litigios para intentar tumbar otras restricciones al aborto en todo el país, incluida una en ese mismo estado que aumentaría de 24 a 72 horas el plazo de espera obligatorio para conseguir un aborto.

«Cada año tenemos que explicar estas leyes a mujeres que nos llaman llorando. La gente privilegiada siempre podrá acceder a un aborto. Pero el 75 % de las que nos vienen a ver tienen pocos recursos, y muchas han recorrido cientos de millas para llegar aquí. Son obstáculos insalvables», opinó Pittman, de la clínica Hope.