Tokio – La artista nipona Megumi Igarashi ha sido liberada tras permanecer una semana bajo arresto por enviar datos que servían para recrear sus genitales con una impresora 3D, lo que podía vulnerar la ley japonesa que prohíbe distribuir material ‘obsceno’, informó el sábado la agencia de noticias Kyodo.

‘Ha sido una arresto injusto. No me creo que mis genitales sean obscenos’, explicó Igarashi tras su liberación en declaraciones recogidas por Kyodo.

‘Mi cuerpo es algo mío. No es aceptable que se determine su valor como algo ‘obsceno’ sólo desde el punto de vista masculino’, añadió.

La escultora e ilustradora de 42 años de edad puso en marcha una iniciativa de ‘crowdfunding’ en la red con objeto de recaudar fondos para construir un ‘kayak’ en forma de aparato reproductor femenino, y hasta la fecha había conseguido un millón de yenes (7,295 euros ó $9.865) de unos 125 donantes, según la policía nipona.

A los donantes, la artista, que trabaja bajo el alias de Rokudenashi-ko (‘chica mala’), les enviaba datos digitales que permitirían reproducir sus genitales con una impresora en tres dimensiones.

La detención, así como sus proyectos, han atraído la atención de medios de todo el mundo en la última semana.

Más de 21,000 personas firmaron una petición a través de internet para reclamar a las autoridades japonesas que liberaran a Igarashi, a la que los medios han terminado por bautizar como la ‘artista de lavagina’.

La legislación japonesa prohíbe la distribución de materiales ‘obscenos’, lo que pese a no estar definido con exactitud obliga en la práctica a que las reproducciones de genitales humanos que aparezcan en medios audiovisuales e impresos (incluida la pornografía) sean censuradas.

Los abogados de Igarashi, que ha dedicado buena parte de sus proyectos a romper el tabú en torno a los genitales femeninos en la sociedad nipona, han afirmado que insistirá en su inocencia si al final se le imputa un delito por distribución de materiales ‘obscenos’.

De ser declarada culpable, podría ser condenada a una pena de hasta dos años de prisión o multada con 2.5 millones de yenes (18,235 euros ó $24,665, según los medios nipones.