«Estamos ante un gobierno de doble cara: para perseguir a quienes denuncian actos de corrupción e ilegalidades son rápidos, pero para combatir la corrupción no lo hacen, para eso no hay prioridad”, dijo el portavoz popular Luis Javier Hernández.

El portavoz de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, Luis Javier Hernández Ortiz, señaló que su equipo legal evalúa acudir a tribunales tras negativa del Departamento de Justicia de proveer información al Senado sobre los 229 casos bajo investigación que se cerraron, sin saberse cuales fueron y bajo qué criterios.

“Cumpliendo con nuestra obligación de fiscalizar con responsabilidad, el pasado 4 de mayo nosotros presentamos la petición de información 2026-0063 donde en síntesis solicitamos que se proveyera al Senado el listado de casos archivados en la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor desde que se adoptó la Orden Administrativa Núm. 2025-09”, señaló el senador.

El también abogado expuso que la Orden de Cierre y Archivo en el caso de Suzanne Roig Fuertes y el contrato de $60,000 mensuales, se enviaron los detalles al Senado. “Si se pudo hacer en ese asunto, ¿por qué no lo pueden enviar para los demás casos? A nuestro entender, el proceder del Departamento de Justicia evidencia que algo se oculta. ¿Qué caso cerraron que no quieren que el País sepa, a quién buscan proteger?”, señaló.

Por otro lado, no se sabe aún cuantos de los investigados estaban bajo la jurisdicción de la Oficina del Fiscal Especial Independiente (OPFEI). “¿Se le informó al FEI de esos archivos? Estamos defendiendo el derecho de la ciudadanía de conocer los detalles de casos de alto interés público, y el Senado tiene la facultad de reclamar la información pertinente que pueda ayudarnos en la tarea que desempeñamos como legisladores: ya sea presentando legislación, fiscalizando, mirando de cerca la marcha de la cosa pública”, argumentó el portavoz popular.

Sobre la Orden Administrativa 2025-09 del Departamento de Justicia, se dispuso que todos los casos que estuvieran ante la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC) pendientes de determinación final, y en los cuales hayan transcurrido dos años desde que comenzó la investigación, se elevarían ante la Secretaria de Justicia para decisión y determinación final.

“¿Cuál es el fundamento de Justicia para adoptar esa Orden? Ellos dicen que el Contralor, a través de una auditoría, señaló que en la DIPAC habían casos que rondaban entre los 2 y 11 años. Y que ante ello, era necesario adoptar esta orden. Lo cierto es que la Oficina del Contralor nunca dijo que había que establecer un término para detener o paralizar las investigaciones y elevar esto a la Secretaría de Justicia”, explicó Hernández Ortiz.

El Contralor lo que señaló en el 2024 (de una auditoría que comprendió del 2018 al 2023) era que había que adoptar una reglamentación para atemperar la DIPAC al ordenamiento vigente y que incluso había que asignar más fiscales a esa división.

Finalmente, Hernández Ortiz aseguró que hay un patrón evidente del Ejecutivo de constantemente negarse a presentar información y documentos cuando se le requiere. Este modus operandi lo hemos visto ya, como en el caso de Antonio Sagardía, donde se negaron a someter documentación, y el Senado tuvo que acudir a los tribunales y ya sabemos el resultado. También lo vimos con el caso de Suzanne Roig Fuertes. En resumen, estamos ante un gobierno de doble cara: para perseguir a quienes denuncian actos de corrupción e ilegalidades son rápidos, pero para combatir la corrupción no lo hacen, para eso no hay prioridad”.