Una es por el pago de bonos y la deuda por contaminación provocada por inquilinos a quienes no se les pudo adjudicar responsabilidad.
El director ejecutivo de Pridco, Robert Lefranc Fortuño, se dirige a la Comisión de Hacienda. Le acompañan Sebastián Negrón Reichard (al centro) y Carlos Ríos Pierluisi/Foto suministrada.
La Compañía de Fomento Industrial proyecta para el próximo año fiscal un aumento de $14.1 millones al comparar con el vigente para alcanzar $109.6 millones.
El dinero proviene de fondos federales. Fomento tiene en inventario 1,428 edificios y 762 lotes de terreno.
Mientras, enfrenta dos grandes deudas: $159.6 millones en bonos y $5.8 millones por plan de pago con la Agencia Federal de Protección Ambiental. Por los bonos paga $11.1 millones anuales -solo en intereses- tras un acuerdo en el 2023 y por la deuda ambiental, relacionada con contaminación causada por inquilinos, paga $1.8 millones.
Mientras se discutía ayer el presupuesto de Fomento, pesa sobre la dependencia una carta del 8 de mayo de la Junta de Supervisión Fiscal en que advierte que el presupuesto propuesto viola el plan fiscal.
El incremento en el presupuesto se concentra en un aumento de nómina, de crece de 46 a 70 puestos ocupados y la ejecución de un programa de modernización, rehabilitación y construcción de instalaciones valorado en $60.2 millones.
De esa cifra, $49.3 millones son fondos federales.
“Estos fondos federales, de naturaleza no recurrente, representan una oportunidad ünica para rehabilitar infraestructura que de otro modo requeriría años de inversion gradual con fondos propios, y su ejecución efectiva es una prioridad institucional”, dijo el director ejecutivo Roberto Lefranc Fortuño en una vista de la Comisión de Hacienda del Senado.
La inversión incluye la construcción del primer edificio nuevo que edifica Fomento en 20 años. Será en Canóvanas.
En lo que va del año, Fomento ha ordenado la demolición de 10 estructuras descritas como “obsoletas y peligrosas”. El trabajo costó $5.9 millones y se gastarán otros $6.6 millones para demoler nueve adicionales. Algunas de estas subastas tienen que ser adjudicadas por la Administración de Servicios Generales. Una tercera fase de demoliciones, la más grande, incluiría 26 edificios repartidos en 15 municipios a un costo de $16.9 millones.
“Transformará significativamente el perfil del inventario de PRIDCO, eliminando estructuras que representan un pasivo y abriendo paso a nuevas oportunidades de desarrollo económico”, dijo Lefranc Fortuño.
En cuanto a fondos federales para daños provocados por el huracán María, bajo la sección 428 del Stafford Act, que cubre restauración de daños, hay 105 proyectos que impactan 359 edificios en 67 pueblos a un costo de $274 millones, de los cuales el gobierno federal cubre el 90%.
Entre esos proyectos está el Puerto de Mayagüez.
Bajo la sección 406, que cubre mejoras por mitigación de riesgos, hay $4.6 milloes asignados para servicios de arquitectura e ingeniería.
Entre ambas secciones se han asignado $274 millones y se han pagado $45.3 millones. En el próximo año fiscal la proyección es de $57 millones en desembolsos.
Por los terremotos, Fomento tiene asignados 39 proyectos que impactan 68 edificios en 10 pueblos, principalmente en el suroeste. El costo total es $25.7 millones. De esa cifra solo se han pagado $670,000, pero según Lefranc Fortuño esos pagos acelerarán a $4.5 millones en el próximo año fiscal.
La carta de la Junta
El 8 de mayo el director ejecutivo de la Junta, Robert Mujica, le envió una carta a la gobernadora Jenniffer González indicando que el presupuesto propuesto por el gobierno para Fomento viola el plan fiscal.
Se refirió a que el plan fiscal de Fomento del 2025 ordena que se privatice los procesos de Fomento de alquilar instalaciones y “mejorar el desempeño en general operacional y financiero”.
“Este rol se espera que provea expertise del sector privado necesario, establece relaciones de negocios y prácticas innovadoras, permitiendo que Fomento opere más eficientemente”, indicó Mujica.
Fomento pidió a la Junta posponer este proceso de privatización durante el año fiscal corriente para concentrarse en el plan de mejoras de instalaciones. “Sin embargo, cualquier posposición adicional… va a depender del desempeño financiero de Fomento y su capacidad para presentar una buena justificación para no continuar con el plan original o redefinir roles”, dijo Mujica al reconocer que la Junta podría recapacitar.
La Junta también señala que Fomento excluye en su presupuesto solicitado los $4.3 millones identificados para la privatización y los redirige a mejoras capitales.
Igualmente objeta un aumento de $4.7 millones en mejoras capitales.
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