“Nadie está por encima de la ley y si hay un referido de investigaciones se llegará hasta el final de esas consecuencias”, aseguró la gobernadora Jenniffer González Colón.

El Departamento de Justicia refirió al Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI) la investigación contra la exsecretaria de la Vivienda, Ciary Pérez Peña.

Según una comunicación escrita del Departamento de Justicia, se concluyó que existe causa suficiente para creer que la exsecretaria Pérez Peña pudo haber incurrido en conducta constitutiva del delito de influencia indebida, tipificado en el Artículo 261 del Código Penal de Puerto Rico, así como en posibles violaciones a la Ley de Ética Gubernamental.  

Justicia actuó a raíz de un referido de los representantes Ramón A. Torres Cruz y Swanny E. Vargas Laureano sobre posibles irregularidades vinculadas a centros de inspección de vehículos de motor y la alegada intervención de la exsecretaria del Departamento de la Vivienda. La investigación fue realizada por la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor (DIPAC) que evaluó la totalidad de la prueba recopilada, incluyendo declaraciones juradas, documentos y otra evidencia pertinente.

“El Departamento de Justicia es la agencia con el peritaje para hacer este tipo de investigación y ya la hizo. Como parte de esa investigación que se efectuó, hizo un referido, en este caso, al ser una exfuncionaria pública a la agencia que tiene la facultad en ley para hacer una posible radicación que es el Fiscal Especial Independiente (FEI)”, reaccionó la gobernadora Jenniffer González Colón.

La primera mandataria, quien se refirió en un momento dado a la controversia como un «chisme» y que se trataba de un «issue personal» de Pérez Peña llegó a decir que fue ella quien refirió a Justicia el asunto cuando fueron los representantes populares.

Como parte del proceso investigativo, se realizaron entrevistas y declaraciones juradas, y se diligenciaron varios requerimientos de información dirigidos a diversas agencias gubernamentales.

Por otro lado, como parte de la evaluación realizada, Justicia identificó aspectos relacionados con los proceso administrativos aplicables a centros de inspección de vehículos de motor que ameritan revisión adicional por parte del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP).

En ese sentido, se recomendó a esa agencia evaluar internamente estos procesos y, de identificar posibles violaciones de carácter penal.

La controversia contra Pérez Peña surge por denuncias sobre supuestas irregularidades en el proceso de inspección de vehículos y venta de marbetes en el centro Yabucoa Auto Service HM, negocio que figuraba bajo su nombre al momento de los hechos.

Al caso también se vincula un supuesto uso de influencias para provocar el despido de Arturo Deliz Vélez, exdirector de Investigaciones e Inspección del Departamento de Transportación y Obras Públicas, quien investigó la controversia y sacó a relucir las alegadas irregularidades.

De acuerdo con la pesquisa administrativa, al centro de inspección se le atribuyó la emisión fraudulenta de 1,975 marbetes. Esa cifra habría expuesto al negocio a una multa de $987,500, aunque posteriormente la penalidad fue reducida a $5,000, asunto que también levantó cuestionamientos públicos y legislativos.

Como parte de esa cadena de eventos, el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Edwin González Montalvo, entregó el 20 de febrero al Departamento de Justicia el informe solicitado sobre la controversia relacionada con Pérez Peña y la supuesta venta irregular de marbetes en el negocio que estaba bajo su nombre.

Pérez Peña ha sostenido públicamente que, aunque el negocio aparecía registrado a su nombre, se trataba de una operación familiar administrada por su padre y no por ella.

La renuncia de Pérez Peña a la secretaría se anunció el pasado 13 de marzo durante una conferencia de prensa de la gobernadora.

“Nadie está por encima de la ley y si hay un referido de investigaciones se llegará hasta el final de esas consecuencias como hizo hasta el momento el Departamento de Justicia con un referido a la oficina del Fiscal Especial Independiente. Todos tienen que cumplir con la ley y eso fue lo que se hizo con la investigación”, agregó.

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