Operarán directamente desde el Palacio de Santa Catalina y estarán lideradas por asesores nombrados por la gobernadora, quienes asumirán la dirección de sus respectivas áreas sin intervención legislativa.

La gobernadora, Jenniffer González Colón, firmó dos órdenes ejecutivas para crear oficinas que, según planteó su administración, tendrán como objetivo asistir y canalizar recursos hacia organizaciones sin fines de lucro, comunitarias y de base de fe.

Las nuevas estructuras operarán directamente desde La Fortaleza y estarán lideradas por asesores nombrados por la gobernadora, quienes asumirán la dirección de sus respectivas áreas sin intervención legislativa.

González Colón argumentó que son las organizaciones sin fines de lucro y comunitarias las que atienden, en muchas ocasiones, las primeras necesidades de la ciudadanía, incluso antes que los municipios o el propio gobierno, y que en algunos casos cuentan con mayor peritaje que las agencias estatales para manejar ciertos problemas sociales.

La primera de estas estructuras es la Oficina del Tercer Sector y Organizaciones Comunitarias, creada con la intención de establecer una relación más directa entre el Ejecutivo y las entidades sin fines de lucro que operan en las comunidades. De acuerdo con la orden firmada por González Colón, esta oficina buscará fomentar la creación de empleos en este sector, capacitar a las organizaciones para que accedan a fondos estatales y federales, y servir como puente con las agencias gubernamentales. La oficina también tendrá la facultad de proponer legislación y coordinar esfuerzos interagenciales, aunque no se especificaron límites o controles sobre esas funciones.

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Entre las tareas delegadas a esta nueva dependencia están: ofrecer talleres técnicos, establecer parámetros mínimos para oficinas municipales similares, revisar reglamentos internos de las agencias y procurar que las organizaciones sin fines de lucro participen en pie de igualdad con empresas privadas al momento de contratar con el gobierno. Según la gobernadora, esta estructura permitirá desarrollar un modelo uniforme de colaboración con el tercer sector como herramienta para el desarrollo económico y social del país.

La segunda orden ejecutiva establece la Oficina de Base de Fe. En este caso, la administración argumentó que la medida responde al “reconocimiento del rol de las organizaciones religiosas” en la prestación de servicios sociales, particularmente durante emergencias. Según el documento firmado por González Colón, esta oficina estará encargada de facilitar el acceso a fondos públicos por parte de iglesias, comunidades de fe y entidades religiosas, además de coordinar esfuerzos de voluntariado y fortalecer lo que la mandataria describió como “la sociedad de fe que somos”.

La mandataria también dijo que la oficina trabajará en el marco de leyes locales y federales como la Ley 131-2003 y el Religious Freedom Restoration Act, y que una de sus funciones principales será garantizar que las organizaciones religiosas no enfrenten discrimen por razón de credo a la hora de solicitar fondos públicos o contratos gubernamentales. La nueva estructura también tendría injerencia en asuntos como la política pública de capellanía en agencias estatales.

Ambas oficinas están diseñadas para operar desde el Ejecutivo, sin requerir legislación para su creación o supervisión externa.

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