Un grupo de desplazados por la secuencia sísmica en Guayanilla clamó el jueves por mayor información y ayuda para la reconstrucción de sus viviendas o la reubicación de estos.

Representantes de campamentos de Guánica, Yauco y Guayanilla, acompañados por decenas de familias, presentaron un manifiesto colectivo donde, entre otros, hicieron un llamado a que cese de inmediato la amenaza constante de removerles de los campamentos, a la participación ciudadana y a que el gobierno ponga a la disposición de quienes perdieron sus casas las fincas, solares y casas reposeídas por los bancos, expropiadas o abandonadas, que estén localizadas en lugares seguros.

“La mayoría de nosotros, desplazados internos, queremos quedarnos en nuestros pueblos, y queremos que el gobierno nos hable claro.  No nos informan sobre cuáles son los planes y ayudas que tienen, nosotros estamos ciegos y el gobierno es quien tiene los ojos”, señaló, Benjamín Vélez, residente de Guánica en comunicación escrita.

Entre las denuncias incluidas en el documento, Rosa María Oliveras de Guayanilla destacó que “las amenazas con que tenemos que desalojar los campamentos porque, si no lo hacemos, nos van a remover a nuestros hijos por tenerlos en sitios inseguros”.

“Se hace urgente visitar campamentos para conocernos e identificar nuestras necesidades, reclamos y opciones de vivienda que tenemos, ofrecemos y exigimos.  Nadie conoce nuestra situación y las opciones disponibles en nuestras áreas mejor que nosotros y nosotras”, dijo por su parte, Marta Toro Ortiz de Guayanilla, al tiempo que reclamó que el gobierno haga un censo de las necesidades y preferencias de cada familia.

Para las familias desplazadas, el alquiler mes a mes no es aceptable porque los caseros no aceptan tales contratos. Los contratos mensuales representan una mayor inseguridad de vivienda. Las listas de espera para Sección 8 pueden ser de un año. Además, el gobierno ha negado ayudas a quienes tienen ingresos mayores a 1,100 dólares mensuales, que equivalen a 13,200 dólares anuales.

Los representantes de campamento expresaron desconfianza en las inspecciones de las viviendas declaradas como seguras, añadiendo que no tienen los medios para pagar porque un ingeniero estructural las evalúe. No quieren enviar a sus hijos a las escuelas, pues algunas fueron certificadas como “seguras” un día y al siguiente se cayeron. Reclaman escuelas en sitios abiertos o estructuras con certificaciones responsables de sismo resistencia.

Mencionaron que durante dos semanas se entrevistaron 195 familias de 19 campamentos en 4 municipios del suroeste sobre sus necesidades y reclamos en cuanto a vivienda temporal y permanente.