Según escribió a la Gobernadora.

Aportar $80 millones más a su Sistema de Retiro dejaría a la Universidad de Puerto Rico (UPR) sin dinero para operar cómodamente por los próximos días y perjudicaría los pagos a los estudiantes, de acuerdo a la Junta de Gobierno de la institución educativa.

El máximo ente rector de la UPR llegó a esa conclusión luego de un análisis interno a sus cuentas bancarias, en coordinación con la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), en las cuales tiene $155.5 millones en fondos irrestrictos.

Esta es una de las razones que presentó la Junta de Gobierno de la UPR para no incrementar la aportación institucional al Sistema de Retiro a $161 millones al año, tal como exigió la Junta de Control Fiscal (JCF), en ruta hacia el cambio de un plan de beneficios definidos a uno de contribuciones definidas.

El 20 de septiembre, la entidad financiera envió una carta a la gobernadora, Wanda Vázquez Garced, en la cual señaló a la administración de la UPR como la perpetradora del sabotaje al Sistema de Retiro, acciones que han puesto en riesgo la cartera compartida por cerca de 20,000 empleados docentes y no docentes.

‘En cuentas irrestrictas, a partir de junio, tenemos 155.5 millones de dólares. Mientras que esta cantidad pudiera parecer suficiente, representa una porción pequeña cuando se compara con las obligaciones recurrentes fijas de la Universidad, lo que resulta en 61.3 días de disponibilidad de efectivo. Financiar 80 millones de dólares adicionales al Sistema de Retiro redundaría en 29.8 días de disponibilidad de efectivo. Eso representa un mes de retraso en apropiaciones gubernamentales, un posible retraso de un mes en las transferencias de Becas Pell y fondos federales, así como no consideración de ingresos y gastos cíclicos’, esbozó la Junta de Gobierno en una carta, por voz de su presidente, el licenciado Walter Alomar Jimenez.

Las explicaciones fueron enviadas a la Gobernadora, tambien en una carta, a modo de responderle a la JCF, la cual aseguró que las acciones de la institución educativa eran ‘gravemente irresponsables’ y contrariaban la política pública del Gobierno de proteger las pensiones de los empleados públicos a toda vez que violentaban la Ley PROMESA.

Sin embargo, la Junta de Gobierno fue enfática en que el requerimiento de subvención adicional fue ideado por la JCF de forma unilateral y sin previa consulta con el ente rector, incluido en el Plan Fiscal más reciente –con fecha del 5 de junio– a último minuto.

La carta estableció que, previo a la aprobación del Plan Fiscal de la UPR, la Junta de Gobierno y la JCF estaban alineadas en cuanto a lo que debía de ser la aportación institucional al Sistema de Retiro para que la responsabilidad no se convirtiera en una ‘carga financiera’. A esos fines, un estudio interno propuso el aumento en la aportación a $149 millones, cifra que se distancia de la cantidad pedida por la JCF, según la Junta de Gobierno.

‘En otras palabras, forzar contribuciones de tal magnitud en un ambiente en que gradualmente se disminuye el presupuesto operacional, como es el caso de la Universidad, causarían un daño cada vez peor a la fuente principal de los fondos del Sistema de Retiro. Más aún, debemos señalar que ni un solo análisis ha sido presentado ni compartido con la UPR o sus consejeros sobre la propuesta de contribución de los 160.1 millones de dólares, mientras que la Universidad les ha enviado todos los análisis disponibles y presentaciones sobre el tema’, esbozó la carta firmada por Alomar Jimenez.

En otras partes de la misiva, la Junta de Gobierno de la UPR pide a la JCF resaltar las instancias en que sí cumplieron con sus exigencias, además de anunciar que los cambios a los modelos de retiro entrarían en vigor en julio de 2020. Fue la JCF la que propuso tres modelos para cambiar el sistema de retiro que, a fin de cuentas, harían lo mismo: moverse a un modelo de contribuciones definidas.

La carta tiene fecha del 4 de octubre, mismo día en que la Junta de Gobierno se reunió por primera vez en tres años con la Junta de Retiro de la UPR para airear sus discrepancias y obligaciones. Al finalizar el cónclave, ambos entes salieron sin acuerdos definidos y en polos opuestos, tal como entraron.

Mientras la reunión entre ambas juntas seguía su curso, afuera múltiples organizaciones sindicales que representan a los jubilados y empleados de la UPR reiteraron su línea de defensa ante lo que catalogaron como ‘la destrucción de la institución educativa’, especialmente al Sistema de Retiro.

De acuerdo al Grupo de Trabajo de Organizaciones en Defensa del Plan de Beneficios Definidos del Sistema de Retiro de la UPR –conglomerado de más de seis grupos–, las millonarias reducciones presupuestarias a la universidad del Estado, que alcanzarían los $541 millones de cara al 2026 y que no fueron objetadas por la Junta de Gobierno anteriormente, empeoran la situación del Retiro.

Mira la carta de la UPR: