“La conducta del querellado provocó que se desembolsaran fondos públicos para sufragar sus gastos de gasolina y peaje por el uso del vehículo oficial para un fin personal”, lee la querella, lo que significa violaciones a la Constitución y la Ley de Ética.
El querellado supervisaba a 36 empleados. Archivo/NotiCel.
Un individuo que se desempeñó como director de la División de Investigaciones de la Secretaría Auxiliar de Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud (SARAFS) tendrá que pagar una multa de $5,000 y restituir $29.80 por múltiples infracciones a la Ley de Ética Gubernamental.
Según la querella con fecha del 4 de febrero del año pasado, Juan Bautista De la Cruz Marrero firmó dos contratos con el Departamento de Salud en el 2022 como consultor y ese mismo año fue nombrado al cargo antes citado por el exsecretario de la agencia, Carlos Mellado López.
Bautista De La Cruz Marrero supervisaba 36 empleados.
Según Ética, Bautista De La Cruz Marrero utilizó su vehículo oficial, manejado por un chofer pagado con fondos públicos, para asistir a la convención del Partido Nuevo Progresista celebrada del 18 al 21 de agosto del 2022 en Río Grande.
El querellado facturó el 19 de agosto 10 horas laboradas a razón de $50 la hora por una serie de reuniones. La querella no da cuenta de reuniones los días 18, 20 y 21 de agosto, pero sí gastos por peaje y gasolina.
Sin embargo, en el informe de la oficial examinadora que vio el caso se indica que ese 19 de agosto, en algún momento antes de las 2:49 p.m. de un día laborable, el querellado fue visto salir del Departamento de Salud con una camina que leía “Salud Progresista”. Además, ese día entre las 6:00 p.m. y las 7:35 p.m. p.m. asistió a un “compartir” de la convención penepé.
El 20 y 21 de agosto cayeron sábado y domingo.
El caso llegó a Ética a través de un referido de Mellado López.
“La conducta del querellado provocó que se desembolsaran fondos públicos para sufragar sus gastos de gasolina y peaje por el uso del vehículo oficial para un fin personal”, lee la querella, lo que significa violaciones a la Constitución y la Ley de Ética.
La multa impuesta tendría que ser pagada dentro de 30 días a partir del 21 de mayo.
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