El DTOP ha señalado recientemente que la construcción de estas estructuras a orillas de carreteras estatales ocupa servidumbres de paso sin los permisos correspondientes de la agencia.

El representante Joe Colón Rodríguez anunció la presentación de una nueva Resolución Conjunta dirigida a proteger a los dueños de negocios ambulantes y «food trucks» que operan a lo largo de las vías públicas.

La Resolución Conjunta de la Cámara 363 es la iniciativa legislativa más reciente dirigida a atender el asunto.

La medida ordena al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) y a los municipios de Puerto Rico establecer un plan interagencial de orientación, asistencia y reubicación. Para viabilizar este esfuerzo, la legislación impone una moratoria de desalojos y multas por un término de 180 días.

«Nuestro norte es defender a los cientos de familias puertorriqueñas que dependen de estos negocios para llevar el pan a sus mesas», expresó el legislador Colón Rodríguez. «Muchos de estos emprendedores han invertido su capital y esfuerzo asumiendo que operaban bajo el marco de la legalidad, ya que tramitaron y obtuvieron patentes por parte de sus respectivos municipios. Permitir un desalojo inmediato y forzoso sería darles la espalda a nuestros trabajadores y representaría un golpe devastador que supondría la pérdida total de sus inversiones «.

La urgencia de esta medida surge a raíz de que el DTOP ha señalado recientemente que la construcción de estas estructuras a orillas de carreteras estatales ocupa servidumbres de paso sin los permisos correspondientes de la agencia. Esta situación ha sacado a la luz un conflicto de jurisdicción y una falta de coordinación entre el gobierno central y los ayuntamientos. Para atender la problemática, la resolución ordena la creación de un Comité de Trabajo Interagencial, a través de la Federación y la Asociación de Alcaldes, en un plazo no mayor de 15 días a partir de su aprobación.

Como parte de las responsabilidades dictadas, el comité tendrá a su cargo el diseño y la ejecución del «Plan de Transición y Asistencia al Comerciante Ambulante». Este plan deberá incluir un inventario detallado de los comercios afectados con patente vigente, alternativas viables de reubicación temporal o permanente y la identificación de incentivos económicos por parte del DDEC para ayudar a sufragar gastos imprevistos de remoción y mitigación de estructuras. Finalmente, el DTOP y el DDEC deberán someter a la Asamblea Legislativa un informe detallado sobre los avances de este plan en un término de 60 días tras ser aprobada la medida.

De otra parte, la representante Estrella Martínez presentó la Resolución Conjunta de la Cámara 358 que ordena a la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) crear un reglamento para regular la utilización de espacios adyacentes a carreteras estatales, avenidas, marginales, servidumbres y paseos con fines comerciales por parte de pequeños y medianos comerciantes y vendedores ambulantes.

El reglamento tendría que identificar áreas aptas para actividades comerciales temporeras o permanentes, los requisitos para obtener autorizaciones, las distancias mínimas de seguridad respecto a intersecciones, puentes, accesos, semáforos, rampas y demás estructuras viales; normas aplicables a estacionamiento de vehículos, instalación de estructuras temporeras, rótulos y anuncios, entre otros detalles.

Mientras, el senador penepé Carmelo Ríos también presentó una medida para ordenar a la ACT crear el reglamento. En su caso, es la Resolución Conjunta del Senado 190.

En el texto de la medida se reconoce que la Ley de Tránsito que no se establecerán puestos de venta fijos o movibles en el paseo de las vías públicas. No obstante, Ríos señala que hay una «ausencia de normas claras ha provocado conflictos…». Menciona casos en Arecibo y en Cabo Rojo, donde un negocio de 18 años recibió una carta de desalojo.