Lío federal para compañía que utilizó pesticida restringido en zonas de PR
Un gran jurado evalúa el caso.
Un gran jurado federal tiene ante sí una acusación por ocho cargos contra la compañía Tower & Son Exterminating y su propietario, Wilson Javier Torres Rivera, luego de que aplicaran un pesticida de uso restringido en varios lugares de la isla.
Según detalló la Fiscalía federal para el Distrito de Puerto Rico mediante un comunicado de prensa, la empresa mencionada, haciendo uso de sus facultades para brindar servicios de control de plagas, aplicó deliberadamente el pesticida Meth O Gas Q, que contiene bromuro de metilo, en varias residencias con el fin de exterminar plagas domésticas, un uso que no está de acuerdo con el registro y etiquetado del pesticida.
Los lugares en los que la empresa utilizó el pesticida se enumeraron como:
19 de agosto de 2014 en Cangrejos Yacht Club Carolina, PR
1 de octubre de 2014 en Carr. 176 Km Camino Armando Marrero, PR
3 de octubre de 2014 en Calle Estrella Del Mar, Dorado, PR
19 de noviembre de 2014 en Los Sueños Ciudad Jardín, Gurabo, PR
4 de diciembre de 2014 en la carretera 829 Km 6.2, Bayamón, PR
10 de diciembre de 2014 en Los Robles, Las Cumbres, San Juan, PR
12 de enero de 2015 en Los Robles, Las Cumbres, San Juan, PR
19 de febrero de 2015 en el Barrio Tejas, Los Velázquez, Las Piedras, PR
La fumigación con este pesticida viola el Título 7 del Código de los Estados Unidos porque expone tanto a trabajadores como a la comunidad a materiales peligrosos. Específicamente, el bromuro de metilo es extremadamente tóxico y solo se usa como fumigante si se establece el lugar en cuarentena. Según su etiquetado, la exposición al bromuro de metilo podría ser mortal, causar una enfermedad aguda o retrasar las lesiones pulmonares o del sistema nervioso. Los primeros síntomas de sobreexposición son mareos, dolor de cabeza, náuseas y vómitos. Un edema pulmonar puede desarrollarse en 2 a 48 horas después de la exposición.
El caso está siendo procesado por el abogado superior de litigios de la Sección de Delitos Ambientales, Howard P. Stewart y la fiscal federal adjunta, Carmen M. Márquez.
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