Cambios en comité de conferencia sobre donativos.

El recien firmado Código de Incentivos duplica la donación que deben hacer los inversionistas cobijados bajo la Ley 22 de 2012, a toda vez que el gobierno por fin parece fijar su mirada en la pobreza infantil, realidad que sobrepasa el 50% de la niñez en la Isla desde el 1999.

La medida, codificada como la Ley 60-2019 desde la firma de Ricardo Rosselló Nevares, estipula que los inversionistas que se trasladen a Puerto Rico por virtud de la mencionada Ley 22 deben realizar una aportación de $10,000 anual. La mitad de esa suma estará destinada directamente a cualquier entidad sin fines de lucro que opere en Puerto Rico y rinda servicios a la comunidad.

Mientras, la otra mitad del dinero irá a entidades sin fines de lucro incluidas en una lista que publicará la Comisión Especial Conjunta de Fondos Legislativos para Impacto Comunitario y cuyo plan de trabajo atienda la erradicación de la pobreza infantil.

En ambos casos, la entidad no puede ser controlada por la misma persona inversionista, ni por sus descendientes o ascendientes, cónyuges o socios.

‘Estamos contentos. Nos sentimos escuchados. Esto le da oportunidad a las organizaciones a que no están en esa lista de fondos legislativos y recibir donativos y entrar y ser apoyados por los inversionistas y ahora se añade lo de pobreza infantil’, señaló Glenisse Pagán Ortiz, directora ejecutiva de la Red de Fundaciones de Puerto Rico.

En una versión previa, la Cámara de Representantes de Puerto Rico aprobó traspasar al gobierno la responsabilidad de repartir los fondos basado únicamente en una lista elaborada por la Comisión Legislativa. Esa enmienda tampoco incluía la especificación sobre pobreza infantil. No obstante, como quedó la ley luego de pasar por un comite de conferencia, y tal como se explicó, solo 50% de ese dinero estará sujeto a la Asamblea Legislativa.

La Comisión tendrá a su haber la publicación de la lista en o antes del 31 de diciembre de cada año.

Estimados de la firma Estudios Tecnicos Inc. apuntan a que, en el peor de los casos, el año 2019 cuenta con 1,567 beneficiarios de la Ley 22. Mientras, estimados del DDEC y de Acts 20/22 Society indican que ese número ronda los 1,400. Con este último número y la aportación de $10,000, se trataría de $14,000,000 anuales.

Con esos números, $7,000,000 estarían destinados a atajar la pobreza infantil, que al presente afecta al 57.8% de la niñez, según datos del Instituto para el Desarrollo de la Juventud (IDJ), recopilados en el último Índice de Bienestar de la Niñez y la Juventud.

Con la publicación del Kids Count Data Book en junio del año en curso, el IDJ enfatizó que la población infantil en Puerto Rico –entre los 0 y 17 años– se ha reducido en un 43% en el transcurso de los pasados 27 años. La concentración de esta estadística es en los municipios que carecen de mayores incentivos u oportunidades para los niños, influenciados por la falta de política pública en favor de la calidad de vida de la niñez.

Además de la creación de un grupo de trabajo para desarrollar política pública para mejorar la calidad de vida de la niñez, el IDJ recomendó al Estado expandir los programas que hacen que los niños se mantengan saludables, como ampliar el acceso a Medicaid, proveer herramientas de desarrollo económico, como el Credito por Ingreso de Trabajo federal y estatal y el Credito Contributivo por Hijos.