Organizaciones quedarían fuera.

Mientras que en otros renglones el Estado busca desligarse de la gestión del sector privado, la Cámara de Representantes de Puerto Rico aprobó una versión del Código de Incentivos que traspasa al gobierno la responsabilidad de repartir los donativos de los inversionistas cobijados bajo la Ley 22 de 2012 destinados a organizaciones beneficas.

Esto quiere decir que el gobierno, a traves del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), manejaría millones de dólares de los cuales originalmente no tenía ninguna injerencia. La cantidad final podría ser determinada una vez se conozca la cantidad de beneficiaros de este decreto.

La Ley 22 de 2012, la cual incentiva el traslado de inversionistas a la Isla mediante creditos contributivos, condiciona la aprobación de estas exenciones a una serie de elementos, entre ellos que el individuo haga una aportación anual no menor de $5,000 a entidades sin fines de lucro que operen a nivel local, esten certificadas por el Código de Rentas Internas de 2011 y que no sean controladas por el propio inversionista. O sea, el estatuto deja a discreción del inversionista la elección de la entidad sin fines de lucro a ser beneficiada.

Lo que dice el recien aprobado Código de Incentivos, en cambio, es que en lugar de ser $5,000 en donativos otorgados a discreción de las empresas sean $10,000 y tendrían que escoger las entidades a ser beneficiadas de en una lista elaborada por la Asamblea Legislativa mediante su Comisión Especial de Fondos Legislativos para Impacto Comunitario.

Es decir, aquellas entidades en Puerto Rico que no soliciten fondos legislativos y no aparezcan en la lista no tendrán la oportunidad de beneficiarse de estos fondos que existen por ley.

‘El sector social tiene mecanismos de transparencia para asegurar que los donativos lleguen a las organizaciones designadas. Nos preocupa, además, que no todas las entidades sin fines de lucro que reciben fondos públicos por medio de Asignaciones Especiales, reciben tambien fondos de la Comisión Especial Conjunta. Este requisito contradice la mejor práctica filantrópica de fomentar que las entidades sin fines de lucro diversifiquen sus fuentes de fondos y reduzcan la dependencia gubernamental’, esbozó la Red de Fundaciones de Puerto Rico, por voz de Beatriz Polhamus y Glenisse Pagán Ortiz, en una carta a la Legislatura.

Estimados de la firma Estudios Tecnicos Inc. apuntan a que, en el peor de los casos, el año 2019 contaría con 1,567 beneficiarios de la Ley 22. Mientras, estimados del DDEC y de Acts 20/22 Society indican que ese número podría rondar los 1,400.

Con este último número, y la aportación duplicada de $10,000, se trataría de $14,000,000 anuales manejados por la Comisión Especial de Fondos Legislativos, en momentos en que se destapó un esquema en el Capitolio de organizaciones sin fines de lucro fantasmas que pueden ser recipientes de los donativos que los propios legisladores gestionan y que, presumiblemente, no van a cumplir una misión caritativa real.

Ese mismo análisis de Estudios Tecnicos –aunque creado antes del paso del huracán María– proyecta que para el 2025, la Isla debe esperar alrededor de 3,293 inversionistas de Ley 22, estatuto que se une a las leyes 20 y 273 para atraer capital externo.

Aún en los tribunales se mantiene activo el procedimiento criminal judicial del exrepresentante Ramón Rodríguez Ruiz y su exempleada Soniel Torres Suárez por, entre otras cosas, la creación de entidades sin fines de lucro con recursos públicos para canalizar donativos legislativos de manera apresurada.

Durante el proceso, una de las testigos relató que, al cuestionarle a Rodríguez Ruiz sobre la procedencia de las personas y sus respectivos roles en las organizaciones recien creadas, el exfuncionario le dijo ‘monta el muñeco que de lo demás me encargo yo’. El resto, añadió, se completaría con las conexiones de Rodríguez Ruiz en el Partido Nuevo Progresista (PNP) y en agencias como el Departamento de Hacienda.

‘[Ramón me dijo] que me olvidara de eso porque los penepes estaban en el poder y el lo iba a conseguir’, exclamó la testigo. En este caso, las dos fundaciones creadas suponían servirle a la comunidad de la tercera edad y a los niños.

El Código de Incentivos fue aprobado por la Cámara de Representantes mientras la atención del país estaba posada en el escándalo del Departamento de Hacienda, tras la destitución de Raúl Maldonado Gautier y las alegaciones posteriores de su hijo, Raúl Maldonado Nieves, entre las que se encontró llamar al gobernador Ricardo Rosselló Nevares ‘corrupto’.

Los cambios propuestos se discuten en un comite de conferencia entre la Cámara y el Senado, a toda vez que los directivos del Movimiento Una Sola Voz (MUSV) urgieron a los funcionarios a proteger otra subvención en peligro. Se trata de $20 millones establecidos en el presupuesto y destinados a donativos legislativos de impacto comunitario.

La Legislatura, el Primer Ejecutivo y la Junta de Control Fiscal (JCF) presentaron sus respectivas versiones del presupuesto de Puerto Rico con distintos enfoques, por lo que la cifra que reinará a partir del 1 de julio de 2019 con toda probabilidad será definida en los tribunales.

De acuerdo a Ana Yris Guzmán Torres, portavoz del MUSV, la cantidad es fundamental para que las organizaciones del tercer sector hagan pareo de fondos con otras fuentes de ingreso, coordinen el trabajo de profesionales y voluntarios y ofrezcan bienes y servicios a personas.

‘Esos fondos son vitales para que nuestras organizaciones continúen atendiendo las necesidades esenciales que aumentan cada día en los sectores más vulnerables que servimos, que en muchos casos el gobierno no tiene la infraestructura ni el presupuesto para atender’, afirmó Guzmán Torres.

Al presente el MUSV está compuesto por más de 130 organizaciones sin fines de lucro y de base comunitaria en la Isla.