Por aportaciones al Sistema 2000

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares, anunció el martes que se presentó una resolución conjunta para separar 1,400 millones de dólares del Tesoro estatal para restituir las aportaciones individuales que realizaron los servidores públicos al Programa de Cuentas de Ahorro, mejor conocido como ‘Reforma 2000’, y el Programa Híbrido de Contribución Definida entre 2000 a 2017.

Según explicó el Primer Ejecutivo en una transmisión en directo a través de su perfil de Facebook, durante ese periodo se le requería a los empleados contribuir el 8.27 a 10 por ciento de su salario a estos programas, fondos que estarían disponibles al acogerse a retiro.

‘Este dinero era retenido del salario de los empleados y enviado al Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico para su segregación en cuentas individuales y eventual inversión para obtener un rendimiento. Debido a malas prácticas fiscales, ese proceso no se llevó a cabo adecuadamente y esos fondos fueron utilizados para cubrir otras obligaciones del Sistema de Retiro’, dijo.

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Dichas prácticas provocaron que actualmente el Sistema de Retiro se encuentre en virtual insolvencia y haya tenido que entrar en un proceso de reestructuración al amparo del Título III de la Ley federal PROMESA.

La aprobación de la Ley 106-2017 logró que la actual administración garantizara 100% el pago de las pensiones incluyendo los fondos que los servidores públicos aportaron a los programas antes mencionados. Ese dinero es incluido todos los años en el presupuesto de gastos de las entidades gubernamentales.

Como parte del proceso de reestructuración del Gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades, se determinó apropiado segregar los fondos necesarios para restituir las aportaciones de este grupo de empleados. La transferencia crea una cuenta en fideicomiso, con usos restrictos, para eventualmente ser segregados individualmente conforme a lo que aportó cada trabajador.

El Gobernador finalizó mencionando que esta propuesta ha sido avalada por la Junta de Control Fiscal (JCF), por lo que la misma es compatible con la agenda fiscal vigente.

De otro lado, Servidores Públicos Unidos Concilio 95 AFSCME se sintió complacido con la acción del Ejecutivo de avalar el acuerdo entre el gremio y la Junta Fiscal separando $1,400 millones equivalentes a las aportaciones de los empleados públicos a su fondo de retiro 2000, que hasta el momento solo habían estado en papel pues los fondos habían sido utilizados por el Gobierno para pagar otras deudas.

‘Estamos muy contentos de que nuestro acuerdo con la Junta de Supervisión Fiscal haya logrado acción afirmativa por parte del Ejecutivo con respecto a los dineros que nuestros compañeros servidores públicos habían desembolsado a su retiro 2000 y que el Gobierno había utilizado para otros fines. No debemos olvidar que a pesar de que existe la Ley 106-2017 que obligada al Gobierno a crear cuentas individualizadas desde el 2017, estas nunca se crearon. Como recordarán, en el 2018 nuestra unión SPU tuvo que demandar al Gobierno en la Corte Federal de Quiebras exigiendo la creación de estas cuentas y el depósito del dinero aportado por los servidores públicos en sus cuentas. Pero no es hasta hoy, luego que SPU anunciara los acuerdos con la Junta de Supervisión Fiscal, que el Gobierno por fin reacciona y hace este anuncio’, aclaró la presidenta de SPU, Annette González, en comunicado de prensa.

El sindicato insistió en su llamado a la matrícula a votar favor del acuerdo con la Junta Fiscal para garantizar que estas cuentas individualizadas sean creadas y el dinero que los trabajadores hayan aportado sea efectivamente depositados.

Sin embargo, la Junta criticó al Gobernador porque ‘en vez de apoyar el acuerdo entre la Junta y Servidores Publicos Unidos/AFSCME -que incluye reponer $1.4 millones en contribuciones de los empleados al Sistema 2000 como parte del plan de ajuste del gobierno-, luego de mas dos anos de su mandato, ha optado por atender estas reclamaciones de forma aislada y fuera del Titulo III’, en unas declaraciones remitidas en la tarde.

‘La deuda de Puerto Rico, tanto la de obligaciones de pensiones sin financiamiento y la deuda a los bonistas, debe ser reestructurada y resuelta de forma integrada como parte del plan de ajuste bajo el Titulo III. El Tribunal provee la mejor y unica oportunidad para proteger a los retirados actuales y futuros, luego de las practicas irresponsables de pasadas administraciones con respecto al tema de pensiones’, insiste el organismo instaurado por la Ley federal PROMESA.