Ante señalamientos de arrastrar los pies.

La secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez Garced negó que su agencia haya dado largas a la querella que originó la primera ronda de arrestos federales este jueves por un esquema de empleados fantasma en El Capitolio.

Las declaraciones de Vázquez Garced durante la conferencia de prensa en la que las autoridades federales ofrecieron detalles de los arrestos del ahora relevado director de la Oficina de Asuntos Gubernamentales del Senado, Angel Figueroa y los excontratistas Isoel Sánchez y Chrystal Robles por un esquema de facturación de servicios profesionales que nunca fueron prestados, se distancian de la forma en que Justicia trabajó inicialmente las denuncias que dieron paso a la investigación federal.

En agosto del pasado año, Luis Hiram Delgado Rivera, el querellante en el caso ético contra el exrepresentante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Samuel Pagán Cuadrado -quien origina la pesquisa sobre contratistas fantasma- denunció que había acudido a esa fecha, en al menos en cuatro ocasiones ante fiscales del Departamento de Justicia para declarar sobre todas las presuntas irregularidades que ocurrieron mientras laboraba en la Cámara de Representantes. En ninguna de las ocasiones las autoridades le habían tomado una declaración jurada.

‘Yo he ido a Justicia al menos en cuatro ocasiones y en cuatro ocasiones no me han tomado juramento. Yo he ido al Departamento de Justicia, he dado declaraciones. He hablado con diversos fiscales’, había asegurado a NotiCel en aquel momento Delgado Rivera.

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Su primera cita ante la directora de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia, Mibari Rivera fue el 31 de julio de 2018. Ante la situación, Delgado Rivera refirió las denuncias a las autoridades federales. Según dijo en aquella ocasión a NotiCel, los fiscales y funcionarios parecían no tomar en serio sus denuncias sobre irregularidades en las oficinas legislativas.

‘No, no es correcto. Esas personas fueron entrevistadas en varias ocasiones. La estrategia o la determinación de tomar o no una declaración jurada la tiene el fiscal porque esa información hay que corroborarla. Hay que verificar que lo que se está diciendo es correcto. Y esa investigación toma algún tiempo’, respondió Vázquez Garced cuando este diario le preguntó si la entrada de los federales en el caso había surgido como consecuencia de la lentitud de los fiscales de su agencia al atender al querellante.

Este jueves, las autoridades federales realizaron la primera ronda de arrestos de la investigación sobre empleados fantasmas en El Capitolio. Según se desprende del pliego acusatorio emitido por un Gran Jurado Federal, los acusados conspiraron para defraudar al gobierno al facturar y cobrar por servicios profesionales que nunca ofrecieron a través de las empresas International Legislative and Government Consulting Group (ILGCG) y Global Instant Consulting Group (GICG).

La querella radicada en mayo por Rivera Delgado provocó la renuncia del Pagán Cuadrado a su escaño y el referido del informe de la Comisión Cameral de Ética al Departamento de Justicia y la Oficina del Contralor. Desde ese mes, Delgado Rivera hizo público el esquema donde Sánchez ofrecía servicios para la Cámara de Representantes mediante un contrato con su empresa International Legislative, al mismo tiempo que facturaba para el Senado por servicios que debía prestar su compañera Robles, quien a través de compañía Globlal estaba contratada como coordinadora de la Oficina de Asuntos Gubernamentales.

Muy poco pasó durante los meses subsiguientes con el caso referido a Justicia. Todavía a principios de agosto Justicia no había recibido el informe de auditoría encomendado por el presidente cameral, Carlos ‘Johnny’ Méndez. No fue hasta el 26 de octubre que Vázquez Garced confirmó que investigaba las alegaciones de empleados fantasma en la Asamblea Legislativa. Casualmente, un día después que la presidenta del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI), Nydia Cotto Vives hiciera público que esa agencia investigaba a la secretaria de justicia.

La confirmación de que existía una investigación colateral sobre Vázquez Garced pareció reactivar la pesquisa sobre empleados fantasma que estaba anestesiada desde junio, coincidiendo con el fuego que le abrieron a la Secretaria de Justicia el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz y la presidenta del OPFEI, Cotto Vives.

Vázquez Garced defendió la gestión de su agencia en la investigación realizada por los el Negociado de Investigaciones Especiales (FBI, por sus siglas en inglés) y rechazó que la pesquisa haya sido producto de las gestiones del querellante que había acudido a las autoridades federales.

‘De ninguna manera, Al contrario, como les dijo Douglas Leff, ese expediente se iba levantado por el Departamento de Justicia, adelantada la investigación, y obviamente se trabajó en conjunto con ellos para que finalmente diera los resultados de la tarde de hoy’, insistió.

Vázquez Garced justificó que el DJ decidiera referir el caso al FBI porque era mejor hacerlo en colaboración con la fiscalía federal. ‘Yo creo que es importante, sobre eso mismo aclarar que el Departamento de Justicia no puede radicar contra empleados públicos. Tendría que haber referido este caso al FEI. Obviamente, dada la colaboración que tenemos por el MOU (Memorando de Entendimiento) pues nos los refirieron a nosotros’, dijo por su parte la jefa de la Fiscalía Federal, Rosa Emilia Rodríguez.