Se encuentra separado de sus funciones

Luego de que la Junta de Directores del Instituto de Estadísticas votara por la salida del director ejecutivo, Mario Marazzi, este expuso que la determinación se completó bajo influencias políticas.

Particularmente, las alegaciones de Marazzi surgen luego de que el gobernador, Rircardo Rosselló Nevares en repetidas ocasiones le solicitara la renuncia luego de que se conociera una querella por violencia de genero contra el titular.

De igual modo, surge luego de que la Junta denegara un tiempo adicional solicitado por Marazzi para contestar la petición de renuncia y ante propuestas de la Administración del Partido Nuevo Progresista (PNP) que planteaban la privatización del centro de estadísticas.

Mira: Rosselló fuerza la salida de Mario Marazzi

‘La Ley del Instituto es clara: la Junta de Directores está compuesta de 6 personas y 1 funcionario de gobierno. En dicha Junta, no pueden haber 2 funcionarios. Este es uno de los mecanismos principales que provee la Ley para garantizar la objetividad de los trabajos del Instituto. De lo contrario, la Junta de Directores se pudiese conformar con los secretarios de gabinete del gobierno de turno, y la institución dejaría de funcionar libre de influencias políticas’, sostuvo Marazzi luego de que aclarara que la votación concretada para su salida incluyó el voto afirmativo de dos funcionarios de gobierno, el licenciado Alex López Echegaray, vicepresidente de la Corporación para la Difusión Pública, y Manuel Laboy, secretario del Departamento de Desarrollo Económico.

Al momento, el Instituto continúa operando bajo el liderato del Dr. Orville Disdier.

Consecuentemente, Marazzi advirtió que tras la orden de protección en su contra, documento que permanece bajo una mordaza judicial, los funcionarios que divulgaron el documento podrían ser sometidos a una multa.

‘El Articulo 16 de la Ley del Instituto de Estadísticas dispone que todo funcionario del Instituto que permita la divulgación o reproducción indebida de información confidencial incurrirá en delito grave que será castigado con una multa de $7,000 o reclusión por 1 año de cárcel. Me preocupa mucho que el Sr. Cruz y otros miembros de la Junta de Directores pudiesen con las acciones ya anunciadas haber cometido delitos en contra de mi persona. Para atender este asunto, próximamente estare solicitando una investigación al Tribunal sobre la divulgación indebida de este documento’, termina diciendo.