Al igual que la exdirectora de su oficina

El juez superior Rafael Taboas Dávila pautó para el 12 de febrero el inicio de la vista preliminar contra el exrepresentante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Ramón Rodríguez, y la exdirectora de su oficina legislativa, Soniel Torres Suárez, por cargos de corrupción.

Debido a la gran cantidad de evidencia las partes acordaron reunirse en la Oficina del Panel Sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEl) el 18 de diciembre para estipular la prueba del Ministerio.

‘Ellos tienen una serie de documentos que nos van a presentar para el ahorro procesal del caso, se pueden llegar a acuerdos de que son autenticos’, dijo a su salida de vista judicial el Lcdo. Mario Moczó, abogado de la exdirectora de la oficina del exrepresentante. El abogado no pudo abundar sobre el tipo de evidencia hasta tanto pueda revisarla en la reunión.

Ni Rodríguez Ruiz ni Torres Suárez emitieron declaraciones, aunque estuvieron presentes en sala. El juez Taboas Dávila separó el 12, 13 14 de febrero a la 1:30 de la tarde y 15 de ese mes a las 10 a.m. para la vista preliminar contra ambos.

Precisamente por la ‘voluminosa’ prueba documental con la que cuenta el Ministerio en este caso se citó para hoy una vista para estipular documentos que agilicen el proceso. Se tuvo que posponer para una reunión posterior debido a la extensa documentación que no pudieron ser evaluados en su totalidad.

La OPFEI cuenta con más de 16 testigos, sumado a prueba documental, por lo que en la mañana de hoy se fijó para estipular los documentos y estimar cuánto tiempo tomará el proceso de vista preliminar.

‘Mucha prueba documental, records medicos, documentos que fueron de la Cámara, la transcripción de las vistas que hubo administrativas, no en contenido, pero de que esa es la transcripción. Hay mucha, mucha prueba documental’, había afirmado el fiscal Guillermo Garau Díaz.

Al exrepresentante del PNP se le radicaron cargos criminales en relación a la contratación de un empleado fantasma en su oficina legislativa, quien cobraba en la Casa de las Leyes por un contrato por servicios profesionales de 40 horas, pero a la vez era empleado a tiempo completo en el Colegio Católico San Antonio en Guayama.

Del mismo modo, se le encontró causa para arresto por irregularidades en la creación y la designación de fondos a organizaciones sin fines de lucro, Lazos Dorados de Amor y Futuros Deportistas, que lograron asignaciones de fondos pese a que no cualificaban para recibir donativos. Según una investigación realizada por la Cámara de Representantes, carecían de un historial de servicio comunitario, una sede, los documentos del Departamento de Estado y la exención contributiva del Departamento de Hacienda.

A Torres Suárez, por su parte, se le imputaron violaciones al Código Penal referentes a malversación de fondos, falsedad ideológica, engaño a testigos y fraude, por las organizaciones sin fines de lucro y el empleado fantasma en el Capitolio, ya que ella fungía como administradora de la oficina legislativa.

Además, se le radicaron dos cargos de perjurio por hechos relacionados al incidente ocurrido a principios de noviembre del 2017, en el cual radicó una querella de violencia de genero contra Rodríguez Ruiz por agredirla en el rostro.

‘Nosotros tenemos pruebas desde que ella llegó allí al hospital hasta que presentó la declaración al fiscal. Para yo poder probar que se declaró falsamente, tengo que presentar lo que pasó completo. Ahí ustedes van a ver todo lo que pasó con ese incidente’, había adelantado Garau Díaz, quien junto a Manuel Núñez Corrada representan al Ministerio.

Los cargos contra Rodríguez Ruiz por violencia de genero no prosperaron porque Torres Suárez se convirtió en una testigo mendaz, de acuerdo al Fiscal, ya que testificó falsamente en una declaración jurada. El FEI no descartó sentar en la silla de testigos al legislador que le tomó el juramento a Torres Suárez en la investigación realizada por la Cámara de Representantes.