Según se reveló hoy.

Tras la aprobación de la reestructuración consensual del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) al amparo del Título VI de PROMESA, la representación legal de la Junta de Control Fiscal (JCF) anticipó que la Autoridad de Energía Electrica (AEE) está próxima en línea.

Aunque las negociaciones con los acreedores y bonistas de la AEE siguen encaminadas, Martin Bienenstock, de la firma Proskauer Rose, indicó que anticipan la aprobación de un Acuerdo de Apoyo a la Reestructuracion (RSA, por sus siglas en ingles) durante los próximos meses. Aunque no precisó cuándo lo someterían ante la corte, señaló que hoy mismo sostendrán reuniones con el grupo ad hoc de bonistas de la AEE e incluirán a bonistas no asegurados y las aseguradoras.

Particularmente, los bonistas de la AEE mantienen en reclamo sobre $8,800 millones en deuda de la corporación pública.

Según Bienenstock, la reestructuración de la AEE se lleva a cabo en dos frentes: con la deuda y con la transformación de su operación. A esos efectos, informó a la jueza Laura Taylor Swain de los procesos de Solicitud de Cualificaciones (RFQ, por sus siglas en ingles) presentados el 31 de octubre para la concesión de la operación de la red de transmisión.

Sobre el prestamo de $300 millones que otorgó el Gobierno de Puerto Rico a la corporación pública a principios de este año, Bienenstock indicó que el balance de ese prestamo actualmente es de 147 millones, con un pago de 27 millones hecho a principios de este mes. Al presente, la corporación pública mantiene en sus cuentas $327 millones, de los cual $65 millones corresponden a pagos de clientes, lo que, según el abogado, es suficiente para mantener la operación de la AEE.

Además de la AEE, las otras dependencias gubernamentales con discusiones de reestructuración en progreso son la Autoridad de Carreteras (ACT), la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) y la Universidad de Puerto Rico (UPR).

Sobre la ACT, Bienestock señaló tambien que siguen en discusiones con los acreedores de la ACT en relación a una disputa sobre recaudos que fueron sujetos a clawbacks. Aunque no proveyó el lujo de detalle, sostuvo que las discusiones podrían necesitar la propuesta de ciertos terminos para el Gobierno Central sobre los recaudos que obtiene a raíz de los clawbacks.

Dentro esas discusiones, el abogado reveló que el aumento a los peajes podría darse como parte de los diálogos sostenidos entre el Gobierno de Puerto Rico y sus acreedores. No obstante, y al igual que las otras entidades con negociaciones encaminadas, no pudo dar a la corte un estimado de tiempo de cuándo someterían un plan de ajuste, señalando que a esta etapa sería un ejercicio de adivinar.

En el caso de la deuda de la UPR, existe la posibilidad de que esta sea ajustada bajo el Título VI de la mencionada ley, lo que implica una reestructuración negociada con los acreedores.

Finalmente, la representación de la Junta proveyó una actualización sobre los comprobantes de reclamos sometidos contra el gobierno. Aunque recibieron un total de 165,333 comprobantes -y cuya suma totaliza $43,500,000,000,000- resaltaron que muchos de ellos fueron duplicados en la medida que se sometieron comprobantes de reclamo que cubren amplios grupos de reclamantes que sometieron sus comprobantes de forma individual.

Ante esto, solicitaron a la juez la aprobación de un procedimiento de objeciones que pueda agilizar la evaluación de los comprobantes.