La Secretaria de Hacienda, Melba Acosta, reunió a la prensa el jueves en un intento por dar un giro a la discusión sobre el futuro económico de Puerto Rico tras las recientes degradaciones de los bonos de obligación general y COFINA, una determinación que catalogó como ‘improcedente’ e ‘injusta’ pese a que el Gobierno estaba preparado para ello previo a la aprobación de la llamada Ley de quiebra criolla.

En referencia a la más reciente degradación de los bonos de obligación general y COFINA, Acostaexplicó que la conclusión que hacen las agencias acreditadoras que las corporaciones públicas pudieran ser el conejillo de indias para que todo el Gobierno se acogiera luego a la Ley de Recuperación, es errado.

‘Es totalmente lo opuesto. Aprobar esa Ley le da avenida a las corporaciones públicas para poder resolver sus situaciones por su cuenta sin que el Fondo General o el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) continúe llevando a cuestas ese problema’, aseguró la Secretaria.

Argumentó que esta Ley no tiene ninguna implicación sobre la deuda garantizada por la Constitución, ni resultaría en una declaración de impago de las deudas de obligación general. Resaltó que hacer una movida de esa índole requeriría de un cambio a la Constitución, lo cual sólo podía hacerse mediante referéndum de todos los electores, y con el voto de dos terceras partes de la Legislatura. ‘Es un mayor endeavor (esfuerzo monumental). Algunos estados pueden hacer cambios a través de una legislación, pero aquí no es así’, comentó Acosta, al inferir que quizás las agencias acreditadoras no entienden las particularidades del sistema legal de Puerto Rico.

La titular de Hacienda aclaró que ni en la agenda, ni en las discusiones de la administración, se encuentra la posibilidad de reestructurar la deuda de obligación general o garantizada, que asciende a $18,997 millones y representa el 26% del total de la deuda del Estado. Esta porción de la deuda es la que compromete el poder de imponer impuestos para pagar la deuda.

Ambos Jefes de Agencia refutaron que se haya degradado los bonos de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA), cuando en palabras de Chafey, ‘está más fuerte que nunca’. Durante los últimos 18 meses, se aumentó de 2.75% a 3.50% la cantidad de recaudos del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) que se depositan en el Fondo correspondiente a COFINA, se destinó un 0.50% adicional del IVU a COFINA, se expandió la base contributiva del IVU en el presupuesto del año fiscal 2014 y para el presupuesto del año fiscal 2015 se empieza a cobrar el IVU en los muelles.

La Corporación, creada en 2006, está autorizada para emitir bonos que son pagados con una porción del IVUque se le ha asignado por ley. Al cierre del año fiscal 2013, COFINA había emitido unos $15,224 millones en bonos a largo plazo.

Acosta destacó que la reacción en el mercado cuando el Gobernador explicó la Ley, fue bajar los bonos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y subir los de COFINA y el Fondo General.

‘El mercado entendió el propósito de la Ley que era ayudar al Fondo General y a COFINA porque estábamos aislando el problema de las corporaciones públicas’, comentó Acosta, para luego lamentar que el mercado haya decidido bajar también los bonos de obligación general tras la interpretación que hicieron las agencias acreditadoras Moodys y Fitch.

‘El mercado es más inteligente si uno los deja a que tomen sus propias decisiones que cuando uno mete a las agencias acreditadoras’, sugirió la líder de Hacienda, que en la próxima semana tiene pautada una video conferencia con inversionistas y prensa estadounidense para aclarar los propósitos de la Ley, en un intento por revertir la influencia que las degradacionesejercieron en la opinión del mercado.

Cuando se supo la noticia de la degradación de Moodys, el martes, 1 de julio, el gobernador Alejandro García Padilla expresó a la prensa que había instruido al Secretario de Justicia a estudiar la posibilidad de demandar a las casas acreditadoras como lo han hecho otras jurisdicciones de Estados Unidos.’Esa casa acreditadora y cualquier otra entidad que actúe igual, tendrá que responder por este agravio ante el Tribunal. Deben saber que si quieren gobernar a Puerto Rico, tienen que postularse en las elecciones’, concluyó el Primer Ejecutivo.