La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, no ha descartado la construcción de una torre municipal en la Comunidad García Ubarri, en Río Piedras, debido a que enfrenta un contrato que dejó firmado el excalde Jorge A. Santini con la compañía Wall and Building, en el cual se establece una penalidad de $25 millones por incumplimiento.

El Comité de Vecinos de García Ubarri, que había alzado su voz contra el proyecto, no ha conseguido la cancelación inmediata que esperaban con el cambio de gobierno.

El Nuevo Centro de Gobierno Municipal de Río Piedras, según propuesto, es un edificio que servirá para oficinas administrativas y servicios gubernamentales municipales. El diseño consiste de 12 pisos, tres salas de cine y un helipuerto, además de que incluirá tiendas y cafetería, según afirmaron los residentes.

La construcción que, según el planificador José ‘Tato’ Rivera Santana, supondría una inversión de $300 millones, fue paralizada, pero aún no ha sido descartada debido a la pérdida que representa esa penalidad para el municipio, que actualmente tiene un déficit de $80 millones y una deuda de $150 millones.

Rivera Santana argumentó que pagar esa cantidad a Wall and Building sin que se ponga una sola piedra no es un buen negocio para el municipio, por lo cual se encuentran en negociaciones. ‘Son $25 millones que salen del bolsillo de los contribuyentes para dárselo a alguien que no ha puesto una sola piedra’, comentó en un conversatorio con los estudiantes de geografía, en la UPR-RP.

La propuesta municipal fue aprobada en 2007 sin entrar en un proceso de vistas públicas, según indicaron los líderes comunitarios en 2011, cuando se enteraron de los planes del alcalde.

Aunque Santini anunció la inversión valorada en $51.5 millones, el nuevo centro de gobierno municipal representa una inversión de alrededor de $300 millones, según Rivera Santana. ‘Todo eso alteraba el contorno comunitario’ de la urbanización más antigua de Río Piedras y una de las más antiguas en la zona metropolitana, indicó el director de la oficina de planificación municipal.

El comité de residentes expresó, en comunicación escrita, su inconformidad con el manejo de la situación e indicó que la compañía ha tomado represalias por el conflicto legal al cerrar la calle principal que da entrada y salida a la urbanización.

También enfrentan un problema de escombros por el derrumbe de un edificio hace un año. ‘El Municipio nos ha dicho en más de una ocasión que enviarán personal para limpiar los escombros y todavía no lo han hecho’, dijo Manuel Mayo.

‘Hemos utilizado todos los recursos. Hemos entregado cartas a diferentes agencias de gobierno, incluyendo la alcaldesa Carmen Yulín Cruz Soto y no hemos recibido respuesta de nadie’, puntualizó Carmen López, otra residente.

Rivera Santana destacó que el municipio evalúa varias propuestas, pero declinó ofrecer más detalles al mencionar que se encuentran en proceso de negociación con la compañía. ‘Es un tome y dame con los proponentes’, se limitó a decir.

‘Estamos convencidos de que el proyecto no conviene, ni económicamente, ni a nivel de urbano o comunitario, pero ese es el resultado de una planificación impositiva que no toma en cuenta a la comunidad… En el proceso pagamos justos por pecadores’, mencionó.