Tras defender la decisión de concederle la libertad condicional al convicto exsecretario de Educación, Víctor Fajardo, la presidenta de la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP), Mercedes Peguero, le dio la bienvenida a la evaluación que iniciará el Ejecutivo.

La funcionaria aclaró, además, que Fajardo sería contratado por una empresa privada que no tiene contratos con el gobierno, debido a que una de las condiciones con las que tiene que cumplir el exfuncionario de la administración de Pedro Rosselló es que no este relacionado al manejo de fondos públicos, ni a la asesoría en áreas relacionadas a la educación.

En entrevista con NotiCel, Peguero indicó que fue el Departamento de Corrección y Rehabilitación que le refirió el caso a la JLBP en abril de 2009 cuando Fajardo había cumplido el mínimo de su sentencia de prisión federal.

‘No está contratado (todavía). Tiene una oferta oficial de empleo con una empresa privada y no puede tener nada que tenga que ver con fondos públicos o federales relacionados con educación. No tiene ningún contacto con eso’, destacó.

‘Si la ley dijera que en los casos de esta índole de corrupción la Junta no tiene jurisdicción no hubiésemos intervenido en el caso, pero ese no es el caso y el caso está en la Junta desde 2009. Cuando todos los confinados a nivel federal y a nivel estatal que están bajo la jurisdicción del Departamento de Corrección y Rehabilitación cumplen un mínimo de su sentencia en un grupo, o sea sin listado, automáticamente son referido a la Junta’, explicó Peguero.

La funcionaria indicó que no tiene problemas en que el secretario de Corrección y Rehabilitación, José Hernández Negrón, vaya a revaluar el caso.

‘Él lo puede reevaluar, como lo puede reevaluar el Gobernador, esa es la prerrogativa que tienen ellos. Pero se siguió el procedimiento que está establecido en la ley. Ellos pueden reevaluarlo y pueden enmendar la ley’, indicó Peguero.

De acuerdo con la funcionaria, la Rama Ejecutiva, a través del ministerio público o del propio Departamento de Corrección y Rehabilitación, tendría que solicitar una revisión al Tribunal de Apelaciones de la decisión que tomó la JLBP.

Precisó que el caso de Fajardo se comenzó a evaluar en abril de 2009 cuando fue referido por el Departamento de Corrección.

‘En mayo 6, se celebró la primera vista de consideración. Esa vista de consideración es el primer contacto que tiene el confinado con la Junta. En el caso particular del señor Fajardo se celebró por videoconferencia. No estaba en Puerto Rico, estaba en la institución penal donde estaba cumpliendo su sentencia (federal)’, dijo Peguero.

Presuntamente, en esa primera etapa se le denegó el privilegio, ya que le faltaban unos requisitos por cumplir, indicó Peguero sin entrar en detalles, pues se trata de expedientes confidenciales, según lo dispone la ley.

El caso siguió evaluándose anualmente y tras cumplir su sentencia federal es que se le concede el beneficio.

‘Él tiene un compromiso con su rehabilitación, eso es lo que nosotros determinamos y ahora se va a evaluar cómo se va desempeñando en la libre comunidad. Nosotros tenemos varios mecanismos para mantener control de un confinado a través del Departamento de Corrección y Rehabilitación’, dijo.

Indicó que Fajardo no tiene grillete electrónico ‘porque en este momento él no constituye un peligro para la comunidad’, ya que no resultó convicto de un delito violento.

Precisó, no obstante, que hay un monitoreo ‘estricto y continuo’ y Fajardo tiene que reportarse cada dos veces al mes al técnico socio penal.

‘Es el mismo Departamento de Corrección y rehabilitación que nos mantiene informado. Si hay algún desvío de su certificado de libertad bajo palabra, pues ellos son los llamados a notificarnos. Si nosotros nos enteramos por otro medio, pues también celebramos una vista de investigación si no se está cumpliendo con su mandato’, destacó.

Además, entre otras condiciones, Fajardo, quien durante su juicio se cantó fanático de Al Capone, tiene que someterse con regularidad a pruebas de dopaje.

Peguero no quiso revelar cuáles son los otros notorios casos que recibieron amplia cobertura de prensa que la JLBP evaluó, ni sus resultados debido a que se trata de expedientes confidenciales.

‘El resultado no le puedo decir, pero puedo decir que fueron evaluados todos los casos de interés público que nos llegaron’, se limitó a contestar.

Por su parte, el Secretario de Corrección dijo que ‘yo no estoy evaluando este proceso a la luz de si es o no es Víctor Fajardo, sino de unas dudas que vienen del caso’.

‘Este caso me obliga a hacerme unas preguntas y contestarlas en el mejor interés del pueblo’, indicó Hernández Negrón a WKAQ.

Sostuvo que las dudas procesales levantadas pudieran plantear cambios o enmiendas al reglamento de la JLBP.

El funcionario manifestó que desconoce si Fajardo está rehabilitado ya que nunca estuvo en el sistema correccional de Puerto Rico por lo que tendría que ir al expediente federal.

Fajardo, de 63 años de edad, cumplió 12 años y siete meses de cárcel que le impuso el exjuez federal Héctor Laffitte.

Cuando Laffitte lo sentenció, el 12 de diciembre de 2002, también le impuso tres años de libertad supervisada y le ordenó restituir $2 millones, de los alrededor de $4 millones, que obtuvo ilícitamente en su cargo de secretario de Educación, el cual ocupó entre 1994 y 2000.

A Fajardo se le halló culpable de participar en un esquema de fraude y de apropiación ilegal de fondos federales, en el que reclamaba entre un 10 y 15% del monto de los contratos que otorgaba el Departamento de Educación.