La lucha en el Tribunal Supremo sobre quién manda en esa Rama Judicial, si el Juez Presidente o la mayoría de los jueces del pleno, amenaza con tronchar la ceremonia de juramentación de nuevos abogados y abogadas.

Unos 300 nuevos miembros de la clase togada se quedarán sin juramentar porque la mayoría del pleno de los jueces sostiene que la convocatoria que hizo a la actividad el Juez Presidente del Tribunal Supremo, Federico Hernández Denton no es válida, según una fuente de NotiCel.

La juramentación era el 13 de febrero en el Centro de Convenciones a las 3:00 pm. No se habían enviado las cartas pero la Junta Revisora le confirmó la fecha por teléfono a los nuevos abogados. La confirmación se había dado tan reciente como el viernes pasado. Pero hoy, fuentes del Supremo informaron a los nuevos abogados que la ceremonia se había cancelado porque la mayoría del pleno, los seis jueces nombrados por la Administración Fortuño, entiende que se trata de una decisión administrativa que se tiene que tomar en el pleno y no por el Juez Presidente solo.

Algunos candidatos se comunicaron hoy con la Junta Examinadora de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía y la Notaría y allí les confirmaron que se cancelaba por instrucción de ‘los jueces’, y no tuvieron información adicional sobre cuándo se repone.

A preguntas de NotiCel, la oficina de prensa de la la Rama Judicial indicó que ‘no se ha notificado a los aspirantes una fecha para la actividad de juramento porque no se ha concluido el proceso de certificación de candidatos por parte de la Comisión de Reputación’. ‘La selección de la fecha para los juramentos siempre se decide por el Pleno del Tribunal’, añadieron.

Los afectados son unos 300 abogados que pasaron la reválida de septiembre del año pasado y que no pueden ejercer la profesión, aunque ya están autorizados en todos los demás aspectos, hasta que se complete el protocolo de juramentación.

En una resolución interna emitida la semana pasada, que no está atada a un caso, la nueva mayoría emitió el juicio de que son ellos los que tienen el poder constitucional de administrar la Rama Judicial y no el Juez Presidente. La primera determinación tomada sobre esa base fue la orden para cancelar el contrato del exfiscal especial independiente César López Cintrón y la simultánea creación de una nueva comisión independiente para investigar el uso de fondos públicos en la Oficina de Administración de Tribunales (OAT).