El presidente del Senado dijo el jueves que la investigación que lleva a cabo la Cámara Alta sobre la Rama Judicial, podría arrojar resultados ‘alarmantes’, a juzgar por declaraciones preliminares de personas que estarían prestas a testificar.

‘El Senado de Puerto Rico tiene una investigación que sigue su curso… Nos ha llegado cantidad de información y testigos que están prestos a comparecer y que nos han adelantado lo que serían algunas declaraciones que son alarmantes, que sería bueno que cuando salgan al público se le pregunte a esos constitucionalistas si hay una crisis de valores, de honradez, de decencia y de ética más que una crisis constitucional’, dijo el líder senatorial.

Las expresiones de Rivera Schatz se produjeron en una conferencia de prensa posterior a la presentación del informe de Administración, en la que se le consultó su parecer sobre la alegada crisis constitucional que han planteado abogados expertos en esta materia.

‘Eso de abogado constitucionalista es un término que yo como abogado no reconozco, porque todos los abogados somos adiestrados en todas las aéreas del derecho y creo que el pueblo de Puerto Rico tiene que examinar el desempeño de todos los funcionarios de la rama ejecutiva, de la rama legislativa y de la rama judicial’, sostuvo.

Destacó, además, que no existe diferencia entre las acusaciones por las que hoy está en prisión el exrepresentante Iván Rodríguez Traverzo y las que se le imputan al juez presidente del Tribunal Supremo, Federico Hernández Denton.

‘Hay unas alegaciones de gastos extravagantes, de uso de personal. El exreprersentante Rodríguez Traverzo fue acusado o referido por usar empleados para propósitos políticos y personales. Esa es exactamente la misma alegación que hay contra el presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico’, dijo.

‘Entonces, yo me pregunto: crisis constitucional representa pasar por alto una denuncia tan seria como la que se ha hecho contra el presidente del Supremo?’, agregó.

Por último, reiteró que la ciudadanía ‘no necesita de un abogado constitucionalista para saber que algo anda mal en el Tribunal Supremo de Puerto Rico’.

Tras la radicación de una querella ante el Departamento de Justicia por parte de un alguacil de los tribunales que señala al juez presidente del Tribunal Supremo, Federico Hernández Denton, por alegado mal uso de fondos públicos, el Senado aprobó una resolución para iniciar una investigación al respecto, la cual fue ripostada con la contratación del exfiscal especial independiente César López, quien fue contratado por la Oficina de Administración de Tribunales para iniciar su propia pesquisa.

El líder senatorial se opuso a la contratación de López, acción que fue secundada por dos resoluciones aprobadas por los seis jueces designados por la administración Fortuño, que modifican las reglas de las investigaciones en la Rama Judicial y además ordenan ‘so pena de desacato’, dejar sin efecto el contrato de López.

Ante la determinación de los jueces asociados, que conforman la nueva mayoría en el máximo foro judicial del país, varios abogados constitucionalistas han levantado la bandera de alerta por considerar que la medida podría tener visos de inconstitucionalidad.