Mientras muchos celebraron el contenido del informe del Departamento de Justicia Federal que dejó al descubierto las deficiencias y violaciones de derechos civiles de la Policía de Puerto Rico, hay quienes sintieron coraje y tristeza porque han perdido la esperanza de que la problemática se atienda con seriedad.

Es el caso de Evelyn Ramírez Rivera, viuda de Miguel Cáceres, quien hace poco más de cuatro años murió a manos del agente Javier Pagán. El policía disparó contra Cáceres, que no iba armado, y una vez estaba en el suelo reducido. Las imágenes fueron grabadas por un vídeo aficionado y conmocionaron a la sociedad boricua.

‘Uno lee aquí (el informe) y te das cuenta que el Gobierno de Puerto Rico sabe lo que está ocurriendo en su sistema y no hace nada. Siento coraje, dolor e impotencia’, denunció Ramírez Rivera.

Para la mujer es lamentable que por ‘esta dejadez y actitud cobren vidas inocentes’ como la de su esposo, que fue víctima de la brutalidad policiaca.

Por un lado, según explicó, ‘es satisfactorio que alguien se preocupara por la seguridad del país y la violación de derechos civiles de la ciudadanía’. Sin embargo, ‘impresiona que tenga que venir otro a hacer lo que tenía que hacer el gobierno estatal’.

Aunque el gobernador Luis Fortuño se comprometió a atender los asuntos particulares que destacó el informe de la División de Derechos Civiles de Justicia, Ramírez Rivera puso en duda su palabra.

‘Una cosa es que una investigación saque a la luz pública y otra cosa es que el gobierno tome nota y esté dispuesto a corregir. Esto no es cuestión de echarle la responsabilidad a nadie. La actitud tiene que ser de reconocer que hay un grave problema e implantar medidas drásticas para que nos puedan brindar la seguridad e integridad que se supone’, argumentó quien ha sido servidora pública por 18 años.

Ramírez Rivera apuntó a que incidentes como el que ocurrió a su marido en el 2007 se pudieran evitar si dentro de la misma uniformada los agentes no se encubrieran.

‘Cuando el agente mató a mi esposo tenía varias querellas administrativas que no se habían resuelto. Si las hubieran atendido tal vez no hubiera pasado. Eso deja mucho que decir’, afirmó.

Pese a que Pagán cumple sentencia por su crimen, Ramírez Rivera insistió en que aún no se ha hecho total justicia porque los otros dos agentes que estuvieron presentes, Zulma Díaz de León y Carlos Sustache Sustache, permanecen en la libre comunidad.

‘Ellos también le violaron el derecho civil de la vida a mi esposo. No dispararon pero hubo un arresto indebido y no notificaron. Lo abandonaron en la escena y se fueron con el policía al hospital’, recordó.

Por tal razón, aprovechó e hizo un llamado a las autoridades federales para que continúen la investigación de los agentes que presenciaron los hechos ocurridos en Humacao.

Ramírez Rivera admitió además que desde entonces, ni ella ni sus tres hijos han podido llevar una vida estable ni recomponerse de la partida violenta e inesperada de Cáceres.