Uno de los hallazgos del voluminoso informe sobre el problema de violencia y de supervisión que tiene la Policía de Puerto Rico, ubica a la administración de Luis Fortuño prometiendo a las autoridades de Estados Unidos que disolvería las Unidades de Operaciones Tácticas y la evidencia señala que no lo han hecho.

La que ha sido una de las mayores críticas a la persona del gobernador Fortuño, en cuanto a que no cumplió las promesas que hizo al electorado que lo eligió abrumadoramente en el 2008, encontró eco en el informe que emitió un panel de expertos investigadores del Departamento de Justicia de Estados Unidos por promesas que datan de hace apenas un año.

Según lee la página 50 del informe, a finales del 2010 ‘la PPR anunció que iba a disolver varias unidades tácticas y reducir el tamaño de las UOT. En septiembre de 2010, la PPR informó que 53 agentes fueron asignados a las Unidades de Operaciones Especiales en San Juan, 738 agentes fueron asignados a las UOT, y 35 agentes fueron asignados a la Unidad Táctica Especializada’.

‘No hemos obtenido información de que estas unidades hayan sido realmente disueltas o si los agentes problemáticos han sido dados de baja o hayan recibido nuevo adiestramiento antes de ser trasladados a otras unidades’, relató el documento para ir a establecer que ‘a base de nuestra revisión, la PPR reanudó el despliegue de agentes de unidades tácticas para intervenir con los estudiantes y otros manifestantes en enero y febrero de 2011, y probablemente después’.

Las autoridades de Justicia Federal parecen estar refiriéndose a los incidentes ocurridos en la Universidad de Puerto Rico y a la intervención de la UOT con estudiantes que se manifestaban en la avenida Ponce de León en Puerta de Tierra, detrás del Capitolio, entre el 25 y el 27 de enero del 2011.

El hallazgo está contenido en el informe que el gobernador Fortuño alegó haber discutido con el director de la División de Derechos Civiles del DJ Federal, Thomas Pérez, y el que según insistió en conferencia de prensa, no traía asuntos relacionados con los incidentes en medio de la huelga universitaria.

Fortuño hizo las alegaciones parado justo al lado de Pérez, el oficial de más alto rango que firmó el informe, en una conferencia en la sede de la Fiscalía Federal en el edificio Chardón en Hato Rey.

‘En resumen, los sistemas de rendimiento de cuentas de la PPR sobre el uso de fuerza están profundamente deteriorados y no garantizan el uso legítimo y efectivo de fuerza. La PPR sigue demostrando una deliberada indiferencia a la seguridad del público y a los derechos civiles de los individuos que participan en actividades de expresión protegida durante las manifestaciones, al no controlar la violencia y la intimidación que ejercen las UOT’, indica.

Para más detalle, vea Pesquisa Boricua.