Columna de opinión.

Uno de los distintivos de las instituciones que han alcanzado fortaleza y madurez es que adquieren un carácter que no depende del temperamento de quienes provisionalmente las dirijan. Hay una trayectoria y seriedad institucional que se encumbra al margen de los egos frágiles de sus dirigentes temporeros.

Uno no espera, por ejemplo, que las instituciones hechas y derechas entren en despliegues de capricho, changuería y niñería. Cuando sucede, algunos confirman sus peores temores y otros, con mayores reservas de inocencia, se quedan sin habla por la sorpresa y frustración.

Esto es particularmente grave cuando hablamos de una institución que está encargada de una de las tareas más delicadas de la sociedad organizada: decidir a quien se debe investigar y procesar por posible comisión de delito. Es una discreción que puede colocarnos a cualquiera de nosotros, como ciudadanos, en el camino de perder nuestra propiedad y libertad. Lo último que uno quisiera ver es que esa discreción se ejerza a la ligera.

Por eso, cuando uno mira a Justicia, como representante del poder investigativo del Estado, actuar con los impulsos de un preadolescente ofendido en vez de como custodios celosos de esta discreción y de los escasos y limitados recursos públicos para el procesamiento de casos, hay que hacer pausa y señalarlo.

A menos de 24 horas de que la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, dijera que necesita por lo menos 40 fiscales adicionales para poder atender el ‘volumen’ de casos, sus fiscales movían el aparato y recursos del Departamento para procesar al compañero, y sí, tambien amigo, Leo Aldridge. A todas luces, la decisión de desatar este procesamiento no busca reparar ninguna ofensa a la sociedad, sino reparar los egos heridos de algunos funcionarios y de la propia dirigente de la agencia.

Veamos.

El Artículo 246 del Código Penal, describe una de las modalidades del delito de ‘Resistencia u obstrucción a la autoridad pública’ de la siguiente manera:

‘Impedir a cualquier funcionario o empleado público en el cumplimiento o al tratar de cumplir alguna de las obligaciones de su cargo’.

Esta es la modalidad bajo la cual ayer se le encontró causa para juicio a Aldridge por hechos que, según recogidos en reseñas periodísticas, se resumen así:

En la madrugada del 21 de septiembre el cuerpo sin vida del licenciado Carlos Cotto Cartagena es encontrado a la entrada del condominio donde pernoctaba en el apartamento de la abogada federal Vivian Marrero.

Cotto Cartagena había pasado la noche anterior compartiendo con Marrero y otras amistades, la mayoría abogados y fiscales tanto de la jurisdicción federal como de la estatal.

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Al conocerse el hallazgo del cuerpo, varios abogados que son conocidos del grupo, incluyendo Aldridge, llegaron hasta la escena en Miramar. Por varias horas, las autoridades llevaron a cabo libremente su manejo de escena y de testigos.

Una de esas testigos es la abogada federal Laura Soto, quien fue la última persona que vio vivo a Cotto Cartagena. Soto ya había prestado dos declaraciones esa mañana cuando pidió a Aldridge que le asistiera como abogado, cosa que tiene derecho a hacer aunque las autoridades no le hayan notificado que es sospechosa, lo cual no pasó esa mañana y no ha pasado todavía. Con Aldridge como su abogado, Soto enfrenta una tercera solicitud de los investigadores para que preste testimonio, planteando que esta vez la moverían de la escena para tomarle la declaración en otro lugar. A ese momento, Soto no había podido descansar ni alimentarse, por lo que Aldridge intervino con los agentes para plantearle que le permitieran espacio para componerse y presentarse al tercer interrogatorio más tarde estando el presente como su abogado. Las autoridades, que no tienen poder para obligar a un testigo a hacer nada, se opusieron y la confrontación escaló hasta que detuvieron a Aldridge y lo removieron de la escena. Soto quedó en manos de otro abogado y luego prestó su tercera declaración.

Aldridge no era cualquier abogado en la escena, es una piedra en el zapato del Departamento de Justicia porque, como comentarista en los medios de comunicación, sus señalamientos en contra de actuaciones del Departamento han tenido un alcance más allá del que podría tener cualquier comentario de pasillo en un tribunal. Además, como abogado, le ha ganado casos prominentes al Departamento como, por ejemplo, el de la estudiante de educación especial, pobre y de raza negra, Alma Yarida Cruz, a la cual Justicia pretendía meter presa por una pelea en su escuela.

Las instituciones serias escuchan a la opinión pública para corregir lo que tengan que corregir y aceptan que, como parte del proceso y la aplicación de reglas, pueden tener derrotas. Pero los funcionarios caprichosos buscan cómo vengarse para curar sus egos.

Volviendo a la definición de lo que es obstrucción a la justicia, el Departamento ha tenido tres turnos al bate para detallar, de la manera más responsable posible, cuáles fueron esos actos que realizó Aldridge que hayan ‘impedido’, repetimos, ‘impedido’, no ‘incomodado’, o ‘malhumorado’ el cumplimiento de las obligaciones de los fiscales o agentes.

A este momento, lo más que han podido decir es que Aldridge desplegó ‘actitud desafiante’. ‘Actitud desafiante’ no solamente es un requisito de fábrica para un abogado defensor, es tambien una característica saludable para cualquier ciudadano tener frente al poder del Estado.

Para confirmar que aquí lo que se busca es masajear egos, los fiscales estaban dispuestos a no radicar cargos si Aldridge utilizaba los foros a los que tiene acceso para ‘disculparse’, pero de una manera en la que admitía comisión de delito sin que se le hubiera probado nada. Si el delito es intervenir con funcionarios, entonces la ‘disculpa’ que se esperaba del abogado es a los fiscales y agentes, no a más nadie. Importante admisión de que esto se trata de un abuso de discreción mayúsculo de parte del Estado.

¿Vamos a aceptar que el Estado mueva todos sus recursos porque se siente herido por el ‘desafío’ de un abogado?

¿Un problema de ‘actitud’ es lo que debe activar la discreción que tienen los fiscales para decidir en que casos invertir su tiempo y sus recursos?

Secretaria Vázquez, ¿para esto es que quiere 40 fiscales más? ¿No será que, como administradora del andamiaje de Justicia, lo que usted necesita hacer es impartirle seriedad y capacidad a su oficina para poder dirigir apropiadamente los recursos y prioridades del Ministerio Público?

La falta de seriedad institucional, de capacidad y de prioridades son el verdadero ‘impedimento’ para el cumplimiento de las obligaciones del Ministerio Público. Constituyen una ‘obstrucción a la justicia’ de la cual somos víctimas todos.

*El autor es Editor Jefe de NotiCel.