Por Manuel Ernesto Rivera*/Mientras el país se entretiene discutiendo cosas triviales como la visita de un candidato a una tienda para adultos y algunos medios se prestan para seguirle el juego a los estrategas políticos del Partido Nuevo Progresista (PNP), el gobierno de Luis Fortuño se apresta a arrebatarle a todos los puertorriqueños, sin importar su ideología, el derecho constitucional a la fianza.

Además, el gobierno de Fortuño se apresta a aprobar una medida con visos de inconstitucionalidad, que brinda trato preferencial comercial a las iglesias estableciendo una competencia desleal, pues no tendrán que cobrar IVU en sus tiendas de libros y otros artículos. No dudo que con lo buscones que son algunos pastores y pastoras igual cobran el impuesto sin remitirlo al Departamento de Hacienda y se lo embolsillan.

Eso sin contar que el gobierno fortuñista ya anunció, por voz del presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, que no cumplirá su promesa programática de aprobar legislación para prohibir el discrimen en el empleo por orientación sexual.

Esos son los temas importantes que se deberían estar discutiendo en los medios de comunicación y no si Alejandro García Padilla visitó una tienda para adultos o un club de bailarinas eróticas en el 2006 cuando era secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor.

Sin justificar al candidato popular a la gobernación, no escuché a los líderes del PNP _ni mujeres, ni hombres_ indignarse con igual énfasis cuando el representante novoprogresista, Jorge Navarro, borracho, se acercó indebidamente a una joven estadounidense y la trató de besar durante un viaje oficial en el cual, según dijo, en horas de la noche se fue a entretener en una barra.

Qué conducta es más reprochable?

Si me preguntan a mí, no dudaría en contestar que es más reprochable que el gobierno atente contra los derechos constitucionales de los puertorriqueños, que pretenda arrebatarle derechos constitucionales so color de que eso va a reducir la criminalidad cuando no es cierto.

En los estados en los que existe la pena de muerte no se ha reducido la criminalidad y en la isla, según datos estadísticos de la propia Oficina de Servicios con Antelación a Juicio sólo un 2.4% de personas libres bajo fianza cometen delitos. Es reprochable que un gobierno no cumpla con sus promesas de campaña. Es reprochable que se brinda trato pereferencial a las iglesias cuando existe separación de iglesia y estado.

Esa es la discusión que se debería estar dando en el país a sólo días de las primarias.

*El autor es periodista.